Días después de la posesión de Gustavo Petro como presidente de la República, el recién nombrado ministro de Transporte, Guillermo Reyes, anunció que la audiencia de adjudicación del macroproyecto del canal del Dique sería “suspendida por única vez” y que antes del 12 de septiembre se tendría una posición frente a esta Alianza Público Privada (APP), que tendrá una inversión de $3,2 billones. (Lea: Financiación del Dique: Habitantes de la bahía en desacuerdo con Petro)
Llegó la fecha límite anunciada por el gobierno Petro y no se ha definido el futuro de este macroproyecto; sin embargo, el Ministerio de Transporte y la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) adelantan mesas de socialización con las comunidades ribereñas. No obstante, la propuesta del presidente a los poseedores de tierras de financiar el macroproyecto causó incertidumbre entre los habitantes de la bahía de Cartagena. (También le puede interesar: Lo que piensa la Iglesia católica del gobierno Petro y del proyecto del Dique)
Mientras se toman las decisiones de fondo, la ANI publicó una resolución de prórroga del proceso licitatorio de la APP del canal del Dique. En el documento se lee: “Ordenar prórroga de la suspensión de la licitación pública VJ-VE-APP-IPB-006-2021, cuyo objeto es ‘seleccionar la oferta más favorable para la adjudicación de un contrato de concesión bajo el esquema de Asociación Público Privada en los términos de la Ley 1508 de 2012, mediante la cual el concesionario, por su cuenta y riesgo, lleve a cabo los estudios y diseños, construcción, financiación, operación, mantenimiento y reversión de bienes a la Nación, para la restauración de ecosistemas degradados del canal del Dique’, hasta el 30 de septiembre”.
La semana pasada el Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de Cartagena le ordenó al Ministerio de Transporte y a la ANI la suspensión del proceso licitatorio del Dique con el fin de amparar los derechos fundamentales al debido proceso, igualdad y consulta previa de las comunidades negras. El juez resolvió: “Admitir la solicitud de tutela promovida por el Consejo Comunitario de Comunidades Negras Los Olivos de Hato Viejo, en contra del Ministerio del Interior y la Agencia Nacional de Infraestructura para que se amparen sus derechos fundamentales al debido proceso, igualdad y consulta previa”. (También le puede interesar: Ordenan la suspensión de APP del canal del Dique, ¿Qué dice el gobierno de Petro?)
De otra parte, más de una semana llevan los habitantes de San Cristóbal (Bolívar) y de poblaciones del sur del Atlántico protestando para exigir celeridad en las obras de mitigación para prevenir el riesgo de inundaciones. Los habitantes de la zona le dijeron a El Universal que muchas de sus calles ya tienen filtraciones de agua. Las autoridades realizan reuniones para establecer los riesgos y buscar soluciones.