La Corte Constitucional aplazó nuevamente este jueves el estudio de una petición que busca anular un fallo que protegió a varios comerciantes ubicados en el sector de Playa Blanca en la Isla de Barú, de quienes se ha dicho no son afrodescendientes, ni integrantes de comunidades ancestrales.
El aplazamiento se dio a que el magistrado Jorge Iván Palacio dijo tener un compromiso en Medellín, además de haber pedido el expediente para estudiarlo con más detalle.
La petición de nulidad fue apoyada en su momento por la directora de la Agencia Jurídica del Estado, Adriana Guillén, al estimar que la Asociación de Trabajadores del Turismo de Playa Blanca, realmente agrupa comerciantes, que trabajan en zona de playa, y que sus representantes son una ciudadana española identificada como Carmen García y el trabajador Wilfrido del Río Estrada.
En este caso, Guillén insistió en que la preocupación principal es que se proteja a comunidades que se autodenominan ancestrales, sin que lo sean, lo que se podría tomar como un precedente para que se presenten acciones de tutela similares y conseguir incluso titulaciones de tierras en zona de playa.
“Este fallo marca un grave precedente para todas las playas de Colombia y es que un grupo de comerciantes que tiene derecho al trabajo, pero que no se quiere someter a las reglas, simplemente se autoproclama como comunidades étnicas para adquirir una serie de derechos que por otra vía no tendrían”, dijo en su momento Guillén.
Para el demandante es necesario que la Corte evalúe de nuevo la situación de los comerciantes extranjeros, más si se tiene en cuenta que la Corte no aceptó una prueba ocular que se realizó en el proceso y que determinó precisamente que no se trataba de una comunidad étnica.
“Es una señora extranjera que tiene montado un hostal en zona de baja mar y no en zona consolidada, en zona de playa, y la playa es de todos”, dijo la funcionaria quien aseguró además que la Nación es dueña de 259 hectáreas de terreno consolidado y afirmó que actualmente no hay ningún proyecto turístico allí.
En el fallo la Corte Constitucional protegió a las comunidades y señaló que el Ministerio del Interior y a la alcaldía de Cartagena debe reconocer a la comunidad afrodescendiente de Playa Blanca como un Consejo Comunitario, para que además sea consultado previamente sobre la realización del proyecto Playa Blanca Barú SAS en dicha isla.
También había dado un plazo de 10 días al Gobierno para el reconocimiento del consejo y un mes para iniciar el proceso de consulta previa sobre el megaproyecto hotelero.
