Después de muchos años de espera finalmente la Procuraduría General de la Nación tomó una decisión en el caso de los CAP y hospitales de Cartagena que quedaron inconclusos y abandonados desde 2015.
En conversación exclusiva con El Universal, el procurador General, Fernando Carrillo, reveló que el exalcalde Dionisio Vélez Trujillo fue suspendido por ocho meses, tras hallar irregularidades en el desarrollo del proyecto de infraestructura hospitalaria de la ciudad. Sin embargo, teniendo en cuenta que no ejerce el cargo, esta sanción se convierte en una multa económica cuyo monto se calculará multiplicando el valor del salario que recibía mientras era alcalde, por el número de meses de suspensión.
“La sanción se da esencialmente por las irregularidades cometidas en toda la contratación de la infraestructura de salud de la ciudad, concretamente en la omisión en la destinación de los $100 mil millones, donde se violaron todos los principios de la contratación, de responsabilidad, de economía, de eficacia y transparencia”, afirmó Carrillo.
Además de Vélez, el Ministerio Público también sancionó con destitución e inhabilidad por 15 años a la exdirectora del Dadis, Marta Cristina Rodríguez de Gaviria, al considerarla la primera responsable, ya que “suscribió los contratos sin autorizaciones necesarias, sin diseños ni estudios definitivos”.
“Se advierte que, quien era la máxima autoridad del Distrito de Cartagena, lo situaba en condiciones de ejercer con debida diligencia la vigilancia y el control de las funciones contractuales que delegó, y adoptar las medidas necesarias para garantizar la eficiente y continua prestación del servicio de salud que se pretendía satisfacer con el desarrollo del proceso de contratación LP-DADIS-001-2014 y la celebración de los contratos de obra ejecutada”, dice la comunicación a la que tuvo acceso este medio.
La decisión es de primera instancia y podrá ser apelada por los involucrados.
Tras conocerse la decisión, el exalcalde Dionisio Vélez Trujillo afirmó que como demócrata acata, aunque no comparte la sanción, por lo cual alista su defensa jurídica y “confía en que al final consiga aclarar todas las dudas que pueda tener el Ministerio Público”.
“Con el apoyo del equipo jurídico que me asiste, haré uso de los recursos de ley para conseguir que esta decisión que ni mis abogados ni yo compartimos, sea revertida”.