Muchos de los padres de los menores de 0 a 5 años que eran atendidos en los CDI del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) en diferentes barrios de la ciudad y los corregimientos, están esperando que las puertas de estos Centros de Desarrollo Infantil se abran para recibir a todos los menores que de lunes a viernes eran cuidados de manera eficiente, con alimentos y buena educación desde las 7 de la mañana y hasta las 3 de la tarde.
El inicio de las clases, según el cronograma que tienen todos los operadores que prestaban sus servicios para la atención a estos niños, debía iniciar el pasado lunes, 17 de febrero, sin embargo, esto no fue así.
En su momento, el ICBF anunció que esto se debía a que el proceso de contratación estaba atrasado, pero que se esperaba que para esta semana todo estuviera solucionado. Los días iban pasando y los operadores como Actuar por Bolívar y Corporación Los Ángeles, que tienen más de 10 años al servicio del ICBF atendiendo a menores de primera infancia, veían que después de completar todo el proceso de papeleo, no habían sido llamados para adjudicar, mientras que otros sí, por lo que decidieron averiguar qué era lo que había pasado.
Para esto, pidieron apoyo del presidente de CGT Bolívar, Antonio Cantillo Bustillo y de Efrén Villalobos, presidente de Sintraeducar, con quienes decidieron visitar al director del ICBF, Rosember Alvarado Rodríguez, para conocer cómo ha sido el proceso de contratación y, según afirmaron, recibieron una respuesta un poco ambigua.
“Nosotros tenemos más de 16 años de tener un contrato de aporte con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, desde el año pasado que comenzó este proceso de contratación todo ha sido atípico, porque los que han establecidos este año son nuevos tanto para ellos (ICBF) como para nosotros que somos operadores”, dice Xiomara Núñez, coordinadora pedagógica de Actuar por Bolívar, quien agrega que “hemos cumplido con cada uno de los requisitos y criterios que ellos han solicitado, sin embargo, ha habido mucha demora en las contrataciones y sin ninguna notificación formal de parte del ICBF, nosotros como operadores nos hemos quedado por fuera de la contratación y lo sabemos porque otros han sido llamados a adjudicar”.
Esto mismo dicen los miembros de la Corporación Los Ángeles, los cuales tienen 3 sedes, El Pozón, 7 de Agosto y Piedra de Bolívar, y todos tres, según indicaron están cerrados.
“Nosotros queremos saber cómo fue el proceso de contratación, puesto que siempre el ICBF nos hacía visitas y estaba al tanto de todo lo que hacíamos, por eso queremos saber por qué no fuimos seleccionados”, dijo Yudibeth Ahumada, de CDI Los Ángeles.
Por su parte, Efrén Villalobos, señala que lo que más les preocupa es que a la fecha no saben cuál fue el criterio real que el ICBF tuvo para hacer la selección.
“Ellos hablan de que seleccionaron a más de 42 operadores y ya gran parte de ellos están asignados, pero casi todos son nuevos. Nuestra pregunta es ¿qué criterio tuvieron?, ¿ese operador tiene todo lo necesario para comenzar?”, explicó Villalobos.
Los miembros de estos operados le comentaron a El Universal que desde diciembre, cuando comenzaron con el proceso de los oferentes, los habían tenido en expectativa sobre si los iban o no a contratar.
“No solo nos preocupan los más de 8 mil niños que quedarán a la deriva, puesto que venían acostumbrados a un proceso con un operador y ahora serán cambiados a otro, sino que también nos preocupan las casi 1.500 personas que quedan sin empleo”, argumentó el presidente de Sintraeducar.
Por su parte, Antonio Cantillo de CTG Bolívar, explicó que durante la reunión sostenida con el director del ICBF le pidieron dos cosas puntuales “primero que tengan responsabilidad frente a las fundaciones que venían atendiendo a estos niños y segundo, que el personal que venía laborando hace mucho tiempo y quienes se han ganado la confianza de la comunidad sean tenidos en cuenta”.
Otra de las preguntas que tiene en vilo a estos operadores es si los nuevos tienen la infraestructura adecuada para la atención a los menores de edad y si está dentro de la comunidad o los niños deben ser desplazados a otros lugares.
“Una de las preguntas que le hicimos al director fue que si estos nuevos operadores, que aún no conocemos, tienen la infraestructura adecuada y lo que indicó fue que si no la tenían se cambiaban. A nosotros eso no nos parece, puesto que no pueden jugar con los niños”, explicaron los presentes, agregando que “aquí lo que nosotros queremos saber es ¿qué tuvo en cuenta el ICBF para la contratación?”.
