Han pasado más de dos años desde que la Corte Constitucional, a través de la sentencia SC 408 del 3 de septiembre del 2019, se declarara inhibida para proferir un pronunciamiento de fondo en relación con los artículos 1, 7, 8 y 9 de la Ley 62 de 1937, por haberse configurado la carencia actual de objeto. (Lea: Cortar el nudo).
Dicha ley autorizaba la construcción de varias obras de utilidad pública en la ciudad de Cartagena, como limpieza, canalización y angostamiento de los caños de la bahía; terraplenado y urbanización de las orillas de los caños, o construcción de avenidas entre las urbanizaciones y los canales, entre otras disposiciones.
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Por ello, la Procuraduría General de la Nación a través del Procurador 9 Judicial II Civil de Cartagena, Héctor Ivan Mattar Gaitán , y de la Procuradora 3 judicial II Ambiental y Agraria de Cartagena, Mayelis Chamorro Ruiz, convocaron recientemente al Distrito y otras autoridades a una reunión para conocer sus posiciones institucionales y las actuaciones adelantadas tras las sentencia.
Así mismo, el Ministerio Público cuestionó el papel histórico de Edurbe, creado en el año 1981 con funciones para intervenir zonas de bajamar o uso público, escriturarlas y venderlas.
La postura del alcalde William Dau, como alcalde de Cartagena y presidente de la Junta Directiva de Edurbe, respecto a la pérdida de vigencia de la ley 62 de 1937, fue clara: “Estoy consciente de que esto es algo que hay que echarlo para atrás y creo que hay que tomar muchas decisiones jurídicas, si la Corte no lo interpretó entonces nos va a tocar a nosotros decidir a partir de qué fecha lo vamos a hacer efectivo, de pronto desde la expedición del código o de pronto desde la expedición de la sentencia, por la presunción de legalidad de la vigencia de la ley, los abogados van a tener que ponerse de acuerdo y espero que todas las entidades estén de acuerdo con la interpretación para poder cortar el nudo”.
Desde la administración distrital también se entabló el compromiso de liderar las acciones jurídicas y técnicas para determinar cuántos son los inmuebles rellenados, ocupados y escriturados por Edurbe, para luego diagnosticar en conjunto con las demás autoridades la afectación que sobre los cuerpos de agua de la ciudad se generaron por estas intervenciones.
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Tras esto se diseñará la hoja de ruta para adoptar las acciones que permitan la recuperación física y ambiental de las orillas y espacios afectados con la aplicación de la Ley 62 de 1937 después de haber perdido vigencia, así como las ocupadas por particulares a través de otros medios.
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De igual forma, las Curadurías Urbanas se comprometieron a remitir a la Procuraduría General de la Nación una relación de las licencias urbanísticas otorgadas en los últimos cinco años en áreas cuya tradición inició con una titulación de la empresa Edurbe, y de las licencias que se encuentran actualmente en trámite en dichas áreas.
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