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Qué ironía: 70 archivistas de la justicia en Cartagena, exigen justicia

Estos trabajadores prestaron sus servicios a una empresa que sirve a la rama judicial pero reclaman que les adeudan varios meses de salario.

Derechos de petición, tutelas falladas a favor, desacatos, reclamaciones telefónicas, protestas en vía pública, de todo han hecho cerca de 70 personas para exigir que les paguen los dineros adeudados por servicios prestados.

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Se trata de extrabajadores que durante el primer semestre del 2021 se encargaron del alistamiento y digitalización de la extensa documentación en los juzgados de la rama judicial de Cartagena, quienes aseguran haber estado vinculados a la empresa Salvar Archivos SAS.

30
de agosto, día en que la empresa al parecer suspendió los contratos de los archivadores.

Según los denunciantes, que pidieron no revelar sus identidades, a la mayoría les deben los pagos correspondientes a septiembre, octubre y lo que va de noviembre, mientras que a otros les adeudan más tiempo y liquidaciones.

“Empecé a trabajar el 25 de enero en esa empresa, nosotros somos archivistas y teníamos a cargo todas las sedes de la rama judicial como el Cuartel del Fijo, los Tribunales del Palacio Nacional, los juzgados penales de la antigua plazoleta de Telecom, los juzgados de pequeñas causas, etc, pero al poco tiempo empezaron los retrasos en los salarios. Yo renuncié en julio y me quedaron debiendo ese mes, también me deben junio y la liquidación por esos seis meses, somos cerca de 70 empleados con el mismo problema”, aseguró una de las personas reclamantes.

Según los afectados, unos renunciaron en julio y a los demás les suspendieron el contrato a finales de agosto, a la mayoría le deben dos y tres meses de salarios.

En el grupo hay una embarazada que goza de una tutela fallada a su favor y un desacato en contra de la mencionada empresa, así como madres cabeza de hogar, desempleados y estudiantes que han acudido al Ministerio del Trabajo en busca de ayuda, pero –dicen-- han esperado soluciones en vano durante muchas semanas.

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“La empresa que nos contrató dice que está en crisis y siempre promete pagos pero nunca cumple, nos han pasado bailando el indio y nadie nos da una mano con esta situación. Necesitamos que el mismo director de la rama judicial o los supervisores intervengan y se den cuenta de las necesidades que tenemos”, puntualizó otro afectado.

Los archivistas aseguraron que tenían en promedio un salario mensual de un millón de pesos.

Habría una sanción
Este medio se comunicó con Hernando Sierra Porto, director de la Rama Judicial en Cartagena y Bolívar, quien sobre la situación de los archivadores aseguró: “Efectivamente el contratista no les ha pagado el salario del tiempo laborado, la dirección seccional le abrió un proceso sancionatorio a esta empresa por presunto incumplimiento y en estos momentos ese proceso está en curso. Si no les pagan a sus empleados, ellos serán sancionados”.
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