Pese a que la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo (Ungrd) ha reportado en las últimas semanas avances en la contratación del proyecto de Protección Costera, tal parece que en esta habrían algunas inconsistencias.
(Lea aquí: Así avanzan los contratos de protección costera)
Así lo reportó Funcicar, que desde su programa de vigilancia a la inversión pública (Vigila) encontró que existen debilidades en la planeación e información del proyecto, esto teniendo en cuenta que el cronograma del macroproyecto ha sido modificado en siete oportunidades, así como las evaluaciones de los interesados y además la información publicada sobre los proponentes no cumple con todos los requisitos para poder hacerle seguimiento.
“Desde Vigila Cartagena alertamos sobre debilidades en la calidad de la planeación e información de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres en el marco de la contratación de obras de Protección Costera en Cartagena. Identificamos que esta entidad del orden nacional, ha modificado en varias ocasiones el informe final de evaluación, en el cual se publica la lista de empresas habilitadas para participar en el proceso. De manera inicial fue publicada una lista con 29 proponentes habilitados, tres días después se publicó una nueva lista con 30 habilitados, y el 12 de febrero identificamos que se incluyeron a dos nuevos proponentes para un total de 32 habilitados”.
Nos preocupa además que, desde noviembre de 2019, cuando se inició el proceso, se ha cambiado en siete ocasiones el cronograma de contratación”, indicó Carolina Calderón, directora de Funcicar.
Sobre la información que se tiene de los proponentes aseguró que es de “mala calidad” ya que no se dan a conocer datos como el Nit de algunas empresas, su porcentaje de participación dentro de los consorcios y uniones temporales, nombres de consorcios y representantes legales de las empresas que fueron habilitadas. Atendiendo esta situación, Calderón pidió a la Ungrd y a la Alcaldía de Cartagena que se garantice la transparencia en el proceso, teniendo en cuenta que está en juego una suma importante de recursos públicos.
“Hacemos un llamado a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo y Desastres y a la Alcaldía de Cartagena para que se garanticen los principios de transparencia y publicidad, dado que estas modificaciones permanentes por fuera de los plazos establecidos inicialmente, generan confusión y limitan el control social a la inversión de $137 mil millones que contempla este macroproyecto”, puntualizó Calderón.
(Lea también: Admitida acción de cumplimiento por la Ley del Sitio de Cartagena)
Precisamente ayer el alcalde William Dau Chamatt se reunió con el subdirector de la Ungrd, Gerardo Jaramillo Montenegro, para hacer seguimiento a la contratación del proyecto. En este encuentro Dau pidió ampliar los tiempos de publicación de las convocatorias de contratación de obra.
Sin embargo, el alcalde destacó la pluralidad de oferentes. Mientras que Jaramillo Montenegro explicó que los ocho contratos que contempla la obra se deben desarrollar antes de iniciarla.
“Todo esto es previo al proceso constructivo y de manera paralela el componente de obra e interventoría, que son los que van a ejecutar el componente físico de la construcción”, explicó el funcionario.
En cuanto al plan de gestión social, el cual ya fue contratado, y en el que el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (Pnud) hará acompañamiento, se conoció que desde hace dos semanas se inició la definición y caracterización con la población que se verá afectada de manera directa con la ejecución del proyecto.
Según reportes de la Ungrd, los contratos más avanzados son los correspondientes al plan de manejo arqueológico, que tiene un presupuesto de $385’000.000, y una duración de cuatro meses, y el de gestión social por $4.683’250.000 y con una duración de 21 meses.
El contrato de obra cuesta $137.636 millones, tras dos modificaciones resultaron habilitados 32 proponentes. Para la interventoría, que costará $7.867 millones, se habilitaron 8 empresas.
