Playa Blanca vuelve a estar en el ojo de las autoridades. Esta vez la procuradora delegada para Asuntos Ambientales y Agrarios, Olga Patin Cure, envió un oficio al alcalde de Cartagena, William Dau Chamat, con el fin de que este tome acciones de fondo en torno a Playa Blanca. El pasado 3 de febrero en ese balneario ocurrió un voraz incendio que consumió varias cabañas y dejó afectadas a cuatro familias, para un total de 15 personas que tuvieron que recibir ayuda humanitaria tras la conflagración. ([Vídeo]: Voraz incendio en Playa Blanca)
La Procuraduría advirtió que ese fue el tercer incendio en el balneario luego de otros dos sucesos ocurridos en 2019 y 2020, tras los cuales, asegura el ente de control, el Distrito no actuó de manera idónea.
“El hecho que se haya presentado un tercer evento denota que las decisiones estructurales que la Procuraduría General de la Nación solicitó a la administración distrital de Cartagena que liderara como primera autoridad del territorio, no se han ejecutado”, explicó Patin Cure.
La procuradora recordó que en atención al primer incendio, ocurrido en 2019, la Procuraduría, mediante oficio del 26 de noviembre de ese año, solicitó expresamente al Distrito no permitir la reconstrucción de varios hostales quemados en la conflagración, pero aún así estos fueron “reconstruidos en tiempo récord”, utilizando especies arbóreas prohibidas y ocupando ilegalmente zonas de bajamar. (Lea: Fuerte incendio en cabañas de Playa Blanca)
La situación se repitió con el incendio del 8 de octubre de 2020, cuando la Procuraduría también puso en conocimiento de la Fiscalía, el Ministerio del Interior y la Unidad de Protección las amenazas que deben enfrentar los líderes étnicos de Playa Blanca, toda vez que las autoridades establecieron que se había tratado de un incendio provocado. (Le puede interesar: El drama tras el voraz incendio en Playa Blanca)
Tras el incendio más reciente, la Procuraduría volvió a hacer un llamado a la Alcaldía a que prohíba la reconstrucción de las edificaciones consumidas por la conflagración, al menos hasta que se verifique si los ocupantes pertenecen al Consejo Comunitario de la vereda de Playa Blanca, de conformidad con las disposiciones contenidas en la sentencia T-485 de 2015 sobre la protección a esta comunidad étnica.
Igualmente, pidieron desplegar todas las acciones necesarias para recuperar la zona, garantizando que los residuos producto del incendio sean debidamente retirados de la zona de playa y dispuestos adecuadamente, para evitar mayor contaminación en el área.
El ente de control nuevamente exhortó a la Alcaldía de Cartagena a definir un plan de acción concreto con tiempos y recursos específicos para emprender la recuperación de las zonas de bajamar ocupadas de forma indebida en Playa Blanca y así mismo velar por la protección de los líderes étnicos ante las amenazas de las que son víctimas.
Por último, la Procuraduría solicitó que dentro de los próximos 10 días hábiles se remita un informe sobre los avances en la realización de las actuaciones que se requieren.
“Consideramos necesario precisar que el incumplimiento de los deberes funcionales del servidor público frente a sus obligaciones en relación con la planificación del desarrollo seguro y con la gestión ambiental territorial sostenible pueden constituir falta disciplinaria sancionable de acuerdo con la Ley 734 de 2002, hasta con la destitución del funcionario del respectivo cargo e inhabilidad general para ejercer cargos públicos hasta por veinte años”, estableció la procuradora.
Hasta el momento aún se desconocen las causas que originaron el incendio del pasado 3 de febrero.
