Al fiscal paraguayo Marcelo Pecci, de 45 años, lo balearon el martes a las 10:30 de la mañana en la isla de Barú. El crimen, que conmocionó a la comunidad internacional, ocurrió en una playa de esta isla. Los asesinos dispararon desde el mar, luego de alquilar una moto acuática (jet ski) en Playa Blanca. Lea: Detalles inéditos del crimen de Marcelo Pecci: 3 balazos con pistola 9 mm
La procuradora Tercera para Asuntos Ambientales de Cartagena, Mayelis Chamorro Ruiz, solicitó a la Capitanía de Puerto un informe sobre las acciones o controles que se realizan en Playa Blanca, teniendo en cuenta la Resolución 0089 del 12 de octubre de 2017 proferida por esta entidad, en la que se prohíbe el uso de motos de agua en este balneario. Lea: Sicariato en Barú: a fiscal paraguayo le dispararon desde el mar
“Es preocupante que en Playa Blanca se utilicen y alquilen motos acuáticas a pesar de la expresa prohibición establecida por la Resolución 0089. (...) Los objetivos de las prohibiciones contenidas en la resolución son disminuir los impactos ambientales de estas actividades en los ecosistemas marinos de las áreas de importancia ambiental relacionadas en dicho acto, y la garantía de la seguridad de los ciudadanos para el ejercicio de las actividades marítimas de recreación y deportes náuticos, pero lamentablemente ha prevalecido el ánimo de lucro de unos particulares, que se protegen en unos supuestos derechos étnicos para explotar sin recato alguno los bienes ambientales que son de todos los cartageneros y colombianos”, expone la procuradora en el oficio.
En el documento, el órgano de control califica como “inaceptable” que existiendo esta normativa que prohíbe expresamente el uso de este tipo de transporte acuático y que además faculta a las autoridades para sancionar a los infractores, “dicha actividad se realice sin ningún tipo de control.
La Procuraduría pide a la Capitanía de Puerto un informe sobre los procesos sancionatorios contra “personas naturales o jurídicas que se dediquen a la actividad de alquiler de motos acuáticas o cualquier otro tipo de motonaves prohibidas en la Resolución 0089”.
Al respecto, desde la Dirección General Marítima (Dimar) explicaron que en el caso de Playa Blanca, Cholón y demás áreas del Parque Natural Corales del Rosario y San Bernardo, solo pueden realizarse deportes náuticos a sin motor y las empresas prestadoras de servicios deben “contar con los permisos y documentación vigente a fin de evitar posibles sanciones por la violación a las normas de la marina mercante colombiana”.
Pero, ¿quién ejerce control?
La Dimar dejó claro que como autoridad marítima emite y socializa con los prestadores turísticos las resoluciones que se emiten. No obstante, aclaran que en Playa Blanca, por ser un área dentro del Parque Natural Corales del Rosario y San Bernardo, los controles deben ser liderados por Parques Nacionales.
Habla comerciante
De otra parte, uno de los comerciantes que alquiló la moto acuática a los sujetos involucrados en el homicidio del fiscal entregó su versión de los hechos. “No tenemos nada que ver con lo ocurrido, nosotros alquilamos un aparato sin saber qué iban a hacer con este. (...) Nosotros no nos habíamos dado cuenta de nada, los vecinos avisaron y luego llegó la Policía a mirar las cámaras e identificar a los sujetos”, dijo el hombre en diálogo con RCN.
Reciba noticias de El Universal desde Google News Según su relato, el alquiler de una moto acuática se realiza sin ningún tipo de documento, solo se pacta precio y tiempo de duración con el cliente. “Eso se alquila como en $240.000 o $280.000 pesos la hora, aproximadamente. Al cliente no se le pide nada, simplemente se le dice cuánto cuesta y el tiempo que va a tener para disfrutar del aparato y ya”, dijo.
En diálogo con El Universal, varios comerciantes en Playa Blanca manifiestan estar afectados tras el homicidio del fiscal en la isla. Lea: Sicariatos y asaltos: duros golpes a la imagen turística de Cartagena
“Desde que pasó ese hecho, el negocio permanece vacío. Aquí ofrecemos servicios de habitaciones, camas, parasoles y restaurante, pero han pasado tres días y seguimos afectados”, expresó Morbi Rocha.
Por su parte, Enrique Teherán, otro comerciante, señaló que si bien el homicidio del fiscal ocurrió en Barú, el balneario de Playa Blanca se mantiene seguro y habilitado para recibir a turistas. “Si bien el turismo desde el interior del país bajó por el paro armado, el suceso en el hotel también nos ha afectado y Playa Blanca está a 3 kilómetros de esa playa”, dijo.
