El pasado 27 de febrero, la Secretaría del Interior y Convivencia Ciudadana presentó a 15 nuevas juntas directivas de los Consejos Comunitarios de Comunidades Negras del Distrito de Cartagena, cuyas elecciones se llevaron a cabo en diciembre de 2022.
Sin embargo, eran un total de 32 juntas directivas las que debían presentarse, por lo que 17 se quedaron por fuera. Según explicó la Secretaría del Interior, esto se debe a que en sus procesos de elección se realizaron impugnaciones, las cuales deben resolverse según lo dispuesto en el Decreto 1745 de 1995, el cual define los consejos comunitarios y demás normas concordantes.
Una de esas comunidades, que aún no cuentan con una junta directiva en propiedad es la de Bocachica, donde los elegidos piden celeridad en el proceso para resolver la impugnación.
“Esta junta ha venido trabajando en pro de los derechos fundamentales de la comunidad como salud, agua y temas territoriales que son muy complejos pero a la vez de mucho beneficio, y hoy nos vemos con las manos atadas mediante la impugnación”, indicó Pedro Guerrero, líder comunal de Bocachica que fue elegido en las recientes elecciones.
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De acuerdo con el dirigente cívico, a la comunidad le avocaron conocimiento de la impugnación el pasado 23 de febrero, aunque fue interpuesta el 15 de diciembre, un día después de que se dieran las elecciones. Desde entonces varios procesos que llevaban como junta se han truncado.
“Hoy el tema de la distribución del agua que debe entregar la Alcaldía en el marco de la sentencia T-012 de 2019 en el cual se establece una medida a corto plazo se ha visto frenado porque ya no tenemos la comunicación como junta con la Alcaldía”, manifestó.
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Es por esto, que desde la comunidad hicieron un llamado a resolver con celeridad la situación. “Solicitamos respeto por un proceso que fue legítimo y que se dio en el marco del derecho propio que tiene la comunidad y respetando las normas nacionales”, puntualizó Guerrero.
¿Qué dice la Secretaría?
Frente a la situación del Consejo Comunitario de Bocachica, la Secretaría del Interior manifestó que la impugnación es un mecanismo legal establecido en el Decreto 1745 de 1995, que puede presentarse dentro de los dos meses siguientes a la fecha de las elecciones.
Afirmaron que como Secretaría del Interior no pueden sobrepasar su competencia, que según los términos de ley es ser la primera instancia de decisiones en cuanto a la representatividad.
