Desde el 4 de enero de 1999 el alumbrado público de Cartagena ha estado en manos de un privado por cuenta de una concesión pactada entre el Distrito y la actual Iluminemos S.A. Han pasado 20 años desde aquel momento y hoy, cuando el contrato está próximo a finalizar (3 de enero de 2019), Cartagena se ve obligada a extender la concesión por un año porque no tiene un plan de acción para evitar que las calles de la ciudad se suman en la total oscuridad.
El pasado 29 de noviembre, el alcalde (e) Pedrito Pereira le presentó al Concejo de Cartagena un Oficio en el que solicita el permiso de esta corporación para firmar un otrosí con el concesionario. La idea, según el Proyecto de Acuerdo adjunto, es que el servicio de alumbrado público de la ciudad siga a cargo de Iluminemos S.A. hasta el 3 de enero de 2020.
Según Pereira, que llegó a la Alcaldía el pasado 20 de septiembre por encargo del presidente Iván Duque, el Distrito no cuenta en este momento con un estudio jurídico, técnico y financiero que le permita conocer las condiciones del sistema. Esta falta de planeación pone a la ciudad entre la espada y la pared, pues con pocos meses para que se venza el contrato no tiene la información necesaria para tomar una decisión que garantice la correcta prestación del servicio.
“¿Cómo es posible que a falta de tres meses para que termine una concesión de 20 años, Cartagena no tenga un estudio de qué se debe hacer? Cuando asumí me di cuenta que no había informes de cómo iba el recaudo ni cómo estaban los equipos para poder proyectar una nueva decisión. Lo más obvio es que se hubiera contratado un estudio de factibilidad o una consultoría. Ya iniciamos estos procesos”, explicó el alcalde (e).
Así la cosas, mientras que se hacen los estudios necesarios para realizar una nueva contratación, se analizan algunas alternativas y se hace un diagnóstico de la prestación del servicio de alumbrado público, todo apunta a que la Alcaldía de Cartagena ampliará por un año la operación de Iluminemos S.A. una vez obtenga el beneplácito del Concejo. Precisamente sobre este tema, El Universal conoció que los concejales volverán a sesiones el martes y se iniciará el trámite de esta propuesta.
El Proyecto de Acuerdo presentado por Pereira fija como fecha máxima para la firma de esta prórroga el 31 de diciembre de este año, tres días antes de que se cumpla el contrato en vigor. El poco margen de acción del Distrito, por lo pronto, parece no dejar espacio a la contemplación de otra decisión, o por lo menos, no una que garantice la continuidad óptima del servicio de alumbrado a partir del 3 de enero.
Podrían ser 4 años
Aunque por el momento parece que Iluminemos S.A. se quedará con el negocio un año más, un informe de la interventoría de la concesión, presentada el 10 de octubre de este año, abre la puerta a una prórroga de hasta cuatro años. Según dicho informe, luego de 20 años, aún faltarían $22.000 millones para cumplir con los rendimientos pactados.
“Se ratifica en que la suma que haría falta para cumplir con el saldo final de caja estará entre $18.000 millones y $22.000 millones, que se podrían recuperar entre 44 y 48 meses”, sostuvo el interventor.
Raimundo Pereira, representante legal del Concesionario del Alumbrado Público de Cartagena, señaló que para evitar que el Distrito tenga que pagar este dinero en efectivo, una opción es que lo pague con tiempo. “La única manera de no indemnizar al concesionario sería que siguiéramos por un tiempo con el contrato”, explicó.
Ante este panorama, todo parece encaminarse hacía una prórroga que, por el momento, será de un año. La inestabilidad política de los últimos años permitió que el problema escalara hasta este punto sin que se tomaran medidas para prevenirlo. Por lo pronto, la prioridad pasa por evitar que Cartagena inicie el año a oscuras.
El representante legal de Iluminemos S.A. advirtió que el Distrito está al tanto del desequilibrio económico que le genera el adeudamiento de $22.000 millones desde mayo de 2018.
“El alumbrado público es un impuesto que recauda Electricaribe y gira a un fideicomiso a través de la fiduciaria de Occidente. Con lo que se recauda mensual por servicio de impuesto de alumbrado público opera la concesión. Esas cifras fueron tomadas por la firma Brigard y Urrutia y se concluyó que hay un desequilibrio a favor del concesionario. Le entregamos el documento al interventor. Este hizo sus proyecciones, coincidió en que hay desequilibrio y entregó copias a nosotros y a la administración. Ello significa que si el contrato se termina y no hay prórroga, el Distrito nos debe pagar cerca de $22.000 millones a $25.000 millones, a criterio del interventor. La cifra a juicio del concesionario va a salir de la mesa de trabajo. Estamos evaluando los documentos entregados a la administración”.