Las obras del macroproyecto de Protección Costera arrancaron en diciembre del año pasado en medio de protestas de servidores turísticos, quienes pedían claridad sobre qué pasaría con ellos durante y después de las obras civiles. (Lea: ¿Primeras fallas en obras de Protección Costera? Esto respondió el consorcio)
Entre los requerimientos estaban el pago de la compensación económica y la reubicación en sus sitios de trabajos. No obstante, las protestas en la zona de obras no cesan. “Hemos tenido problemas que se resumen en dos grupos grandes: el primero está relacionado con las paradas -bloqueos- que tienen que ver con el componente social porque prácticamente cada semana los vendedores encuentran algún motivo de inconformismo con el Distrito y su reclamo lo hacen en la obra y nos obligan a parar”, dijo Juan Carlos Monzón, director de obras de Proplaya. (También le puede interesar: Video: “Queremos que nos cumplan con el pago de compensaciones”: pescadores)
Y continuó: “El gran problema es que el componente social lo hace el Distrito a través del PNUD y no Proplaya. Claramente existe un conflicto de intereses en el manejo social porque para ellos -Alcaldía- es un bloqueo normal y para nosotros se traduce en pérdidas económicas. Creo que se deben alinear ambos intereses de una manera efectiva”.
El consorcio pidió a todos los actores del proyecto trabajar en unidad para lograr el avance de las obras civiles. “La culminación de las obras generaría la solución definitiva de los drenajes para la zona de la carrera Primera de Bocagrande pero solo se logra si se acaban las obras”.
Monzón aseguró que el segundo gran problema está relacionado con lo contractual. “La obra venía desarrollándose de manera eficiente en cabeza de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) que es el encargado por el Distrito para la gerencia de las obras; sin embargo, en el cambio de gobierno, hubo cambio en la Ungrd y eso rompió una tradición quincenal que teníamos con el director a través de los ‘Comité de gerencia’”, agregó.
En estos encuentros participaban integrantes del Distrito, vicepresidencia de la República, entre otros actores. “En ese espacio dialogábamos de los principales problemas del proyecto y se solucionaban. Eso no se ha realizado por el cambio de gobierno y eso ha derivado porque no tenemos interlocutor con el componente social”, indicó Monzón.
“También se han tenido inconvenientes en trámites propios de nuestro contrato. El trámite de la segunda cuenta mensual ha estado afectada. Están pendientes de pago una serie de cuentas que son importantes por $13 mil millones”, agregó el director de obras de Proplaya.
Los dineros los paga la Fiduciaria que es donde están los dineros del contrato. La interventoría aprueba las cuentas, estas pasan a la Ungrd para revisión y visado, y de ahí salen para la Fiduciaria para pago.
La carta
Proplaya le envió una carta a la directora de Valorización Distrital, María Isabel Lugo, donde le manifestaron las preocupaciones que se tejen alrededor del proyecto y el riesgo inminente de parálisis de las obras.
“Con el cambio de Gobierno y muy seguramente fruto de la naturaleza del proceso de empalme, los Comités de Gerencia han dejado de citarse y el contratista ha perdido el acceso al foro necesario para coordinar y ejecutar un macroproyecto como el que nos ocupa”, se lee.
Y reiteran: “Los funcionarios locales asignados por la Ungrd hacen lo imposible por lograr soluciones, pero es claro que muchas de ellas, en especial las económicas y contractuales, requieren el concurso de sus nuevos superiores en Bogotá; los cuales desafortunadamente no han hecho presencia en el proyecto, donde de primera mano pudieran conocer los problemas encontrados a la fecha en su ejecución pero también ser testigos de los evidentes logros alcanzados que saltan a la vista con el avance de las obras físicas”.
