En los últimos días se ha avivado la polémica por la adjudicación del megaproyecto de “Restauración de los Ecosistemas Degradados del Canal del Dique”, una obra que lleva estructurándose desde hace más de diez años y que este 4 de agosto, finalmente será adjudicada.
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La diligencia se llevará a cabo a las 10 de la mañana en las instalaciones de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI). Allí se definirá si la firma Sacyr, que figura como único proponente, se quedará con el contrato de concesión, o si por el contrario, el proceso será declarado fallido.
El contrato de concesión será otorgado por un plazo total de 15 años, en los cuales habrá año y medio para la etapa de preconstrucción, 4 años y 3 meses para la construcción de las unidades funcionales, y 9 años y 4 meses para las actividades de operación y mantenimiento.
‘Peros’ al proyecto
Recientemente, Susana Muhamad, ministra de Ambiente designada por el presidente electo, Gustavo Petro, indicó que a su parecer el megaproyecto no cuenta con un instrumento ambiental adecuado.
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En entrevista con Caracol Radio, la futura ministra expresó que una obra de esta magnitud requiere de por lo menos un plan de manejo ambiental o licenciamiento ambiental, pero que en su lugar el proyecto tiene es un plan de manejo hidrosedimentológico.
“Este es un instrumento que puede hacer parte de un plan de manejo ambiental integral porque obviamente hay que manejar los sedimentos, pero este no es el único aspecto que podría tener impactos en una obra de este tamaño, y por lo tanto se requeriría de por lo menos un plan de manejo ambiental o una licencia”, expuso Muhamad al medio radial.
A esto se suma lo que ya han expresado algunas comunidades ribereñas que están en contra del proyecto porque aseguran que no ha habido suficiente socialización sobre las obras.
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“No requiere licencia”
Pese a estas inconformidades, hay sectores que siguen apoyando la pronta adjudicación del megaproyecto del canal del Dique, entendiendo su importancia para la adaptación al cambio climático en el país.
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Con respecto al tema que cuestiona la futura ministra de Ambiente, la ANI expresó que el proyecto no requiere que las licencias ambientales sean aprobadas por la autoridad ambiental, toda vez que en 2018 la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) aprobó el plan hidrosedimentológico.
Igualmente, dijeron que si el próximo gobierno así lo considera, puede modificar esto y pedir la licencia, la cual debe ser tramitada por el concesionario durante la fase de preconstrucción, es decir, en los 18 meses siguientes a la adjudicación del contrato.
“Es importante mencionar que ningún proyecto de la ANI sale con licencia ambiental y es obligación del concesionario obtenerla en la fase preconstructiva”, sostuvo la entidad.
En cuanto a las socializaciones, la ANI destacó que el megaproyecto del canal del Dique ha sido uno de los más socializados en la historia de las concesiones del país con 16 consultas previas y más de cien reuniones adicionales como consecuencia de ellas.
El megaproyecto de “Restauración de los Ecosistemas Degradados del Canal del Dique” contempla una inversión de $3 billones y consiste en la construcción de dos sistemas de esclusas en las poblaciones de Calamar y Puerto Badel, compuertas en Calamar; y obras de interconexión entre las ciénagas del área de influencia del canal del Dique.
Estos trabajos prometen controlar las inundaciones en las poblaciones ribereñas, los sedimentos que tienden a opacar el carácter cristalino de la bahía de Cartagena y ayudar a mejorar la navegabilidad del canal.
De este proyecto se beneficiarían municipios de Bolívar, Atlántico y Sucre.
