La Contraloría General de la República (CGR) profirió fallo con responsabilidad fiscal por $9.550 millones contra los exdirectores del Departamento Administrativo de Valorización Distrital de Cartagena, Dionisio Arango Cantillo, Ciro Castillo Cabarcas y Antonio Flórez Garizabal, por por el presunto detrimento patrimonial que sufrió en esta cuantía el Distrito con ocasión de las irregularidades que se presentaron en la ejecución del contrato de peajes (concesión VAL. 0868804 “proyecto Corredor de Acceso Rápido a la Variante de Cartagena”).
Por este mismo proceso también deberán responder los exgerentes de la Empresa de Desarrollo Urbano (Edurbe), Pedro Rafael Tono Lemaitre, Diego Antonio Otoya, Augusto Enrique Mainero Román y Amira Isabel del Rosario Salvador, y la sociedad Concesión Vial de Cartagena (Convial). (Lea: El recaudo de peajes alcanzó $4,07 billones en el año pasado)
De acuerdo con al CGR, el fallo se determinó “por la remuneración en exceso al concesionario Convial de las obras complementarias y su interventoría, frente al referente de valoración de riesgo en la propuesta económica de este, en desconocimiento de la realidad económica y financiera vigente para los periodos de aprobación de dichos rubros, lo que generó un detrimento para el Distrito y un beneficio para el concesionario en cuantía de 9.550 millones de pesos”.
El documento emitido por la contraloría continúa: “Giros que se realizaron como consecuencia de la inclusión en el modelo financiero de los rubros reconocidos por concepto de obras complementarias; interventoría de obras complementarias y el 15% otorgado al DAVD para adelantar la gestión administrativa y gerencial de las obras complementarias, toda vez que su retribución fue pactada a la Tasa Interna de Retorno -TIR- del 17.22% dispuesta para el alcance físico básico del proyecto, desplazando el cumplimiento de la TIR del proyecto en el tiempo, sin ningún ajuste ni evaluación de tasas que reflejaran el efecto del costo de financiación bancaria vigente al momento de aprobación de las obras, como la expectativa de rentabilidad del concesionario plasmada en su propuesta económica”.
La CGR aseguró que estas determinaciones se realizaron sin tener en cuenta “estudios económicos y financieros” de acuerdo a la realidad del entorno crediticio vigente al momento de cada adición de obras complementarias y su interventoría.
Para llegar a esta decisión, proferida por la Contralora Delegada Intersectorial No. 5 de la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción de la CGR, se efectuó el análisis de los argumentos de defensa presentados por los vinculados a través de sus apoderados de confianza una vez corrido el traslado del auto de imputación, se valoraron las pruebas allegadas y practicadas en esta etapa del proceso, y se revisaron nuevamente los 21 otrosíes y actas de mayores cantidades de obra suscritos con ocasión del contrato VAL.0868804.
Así como los informes de seguimiento adelantados por EDURBE en calidad de interventor y la información suministrada por CONVIAL y FIDUAGRARIA que reflejan la ejecución del proyecto desde el acta de inició del contrato de concesión hasta la vigencia 2021.
