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Nuevo llamado de atención de la Procuraduría a Dau por estafas a turistas

El Ministerio Público pidió al alcalde de Cartagena cumplir sus funciones públicas como primera autoridad de la Policía para evitar estos hechos y proteger al consumidor.

A un grupo de mexicanos le cobraron más de $6 millones por una picada familiar, cervezas y otros servicios. Luego al coreano Zion Wang le cobraron $ 600.000 por un masaje después de nadar y a dos ecuatorianos les cobraron $2 millones por dos mojarras.

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Los anteriores son algunos de los casos más recientes de abuso de precios a turistas en las playas de Cartagena, causado críticas a nivel nacional por la falta de control de las autoridades y regulación a los operadores turísticos en la ciudad.

Ante ello, la Procuraduría General de la Nación dio apertura a una actuación de vigilancia preventiva y de control a la gestión de William Dau como alcalde de Cartagena y como primera autoridad de la Policía.

“Los alcaldes, como primera autoridad de Policía, tienen en el deber constitucional de conservar el orden público dentro de su jurisdicción; para lo cual, han sido dotados de variadas competencias y facultades que les permiten, mediante un despliegue eficaz y oportuno de la actuación administrativa, hacer frente, sobre todo, a contingencias representativas de riesgos y/o violaciones a los derechos de los ciudadanos”, señaló el ente.

Este despacho identifica posibles riesgos en el cabal ejercicio de las funciones públicas, sobre todo, las relativas a la protección del consumidor y el ejercicio de las funciones de Policía”.

Procuraduría.

Por medio de un oficio, el Ministerio Público exhortó a Dau al cumplimiento eficaz y oportuno de sus funciones públicas, en especial, aquellas de control, vigilancia y protección del consumidor.

Le solicitó adoptar medidas concretas para evitar estas situaciones y hacer frente a las reiteradas quejas contra algunos establecimientos y comerciantes de la ciudad.

(Lea aquí: Turistas pagaron más de $6 millones por servicio en Playa Blanca)

También le pidió, en un plazo no mayor a 10 días hábiles, un informe sobre las actuaciones mitigatorias y/o preventivas que ha realizado y planea realizar para atender las estafas, investigaciones iniciadas, sanciones o medidas impuestas a establecimientos o comerciantes y actividades de promoción y difusión de normas de protección al consumidor realizadas en los últimos tres años.

El pasado 31 de agosto, la Procuraduría le solicitó a William Dau implementar el plan de ordenamiento de playas con el fin de brindar “todas las garantías a los usuarios”.

En ese momento, el Ministerio Público le requirió al alcalde, en un plazo no mayor a cinco días, información sobre las denuncias presentadas en Playa Blanca relacionadas con excesos en los cobros de consumos, agresiones físicas y verbales. Sin embargo, el mandatario no respondió el requerimiento.

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El Gobierno nacional interviene

A inicios de septiembre, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo arrancó mesas de trabajo con la comunidad de Barú para definir las acciones contra los abusos de precios a turistas.

En la misma, de manera preliminar, se acordó con la Casa del Consumidor de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) jornadas de capacitación a los nativos sobre la regulación de precios y legalidad. Además, con apoyo de los gremios, capacitaciones sobre servicio al cliente.

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