El Laguito es un barrio exclusivo de la zona turística de Cartagena, que recientemente ha estado en los titulares de varias noticias por diferentes motivos, tales como la situación medioambiental que tienen con la laguna, el tema de los embarcaderos a Tierrabomba, un escándalo de corrupción que involucra predios en este barrio y a una exalcaldesa y también por las constantes diferencias que se presentan entre algunos residentes y la Junta de Acción Comunal (JAC) de este reconocido barrio.
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Esta semana, una nueva polémica lleva el nombre del barrio y es la masiva desafiliación de miembros de esta JAC, el motivo: no están de acuerdo con lo que plantean las directivas y en la carta que acompaña la notificación, aseguran que no se sienten representados por la administración actual.
Los desafiliados
En una carta enviada al secretario de Participación ciudadana, Armando Córdoba y a la presidenta de la JAC de El Laguito, Patricia Zablatky, 80 residentes de El Laguito que hacen parte de la Junta, expresaron las razones que los motivan a desafiliarse. Este es el motivo de mayor peso:
“Motiva nuestro pedido de desafiliación el NO sentirnos representados por las autoridades que allí se desempeñan(...). Asimismo no hemos recibido obras palpables y reconocidas para el barrio, en sus 5 años de gestión”.
El Universal habló con Aura Medina, líder del barrio quien ha tomado la vocería de este grupo de personas y también ha adelantado actividades en pro de la comunidad. De acuerdo con Medina, lo que ocurre con El Laguito es que no hay concordancia entre lo que hace la JAC y lo que quieren los residentes.
“Quedamos indignados con las autoridades competentes, porque en 2019 solicitamos a la Secretaría de Participación una auditoría a la JAC y ellos no la hicieron. Hicieron una supuesta auditoría y en un documento que tengo de la Procuraduría Provincial, dice que la hicieron el 15 minutos. Entonces les pedí los resultados de la auditoría y nunca me los dieron. Por otro lado, si se supone que al año son obligatorias 3 asambleas y no se ha podido realizar ninguna, ¿por qué todavía existe una JAC?”, dijo Medina.
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Las diferencias han llevado a los miembros de este grupo disidente a buscar la remoción de los dignatarios de la JAC de El Laguito, pero de acuerdo con la Secretaría de Participación Ciudadana, no se ha hecho en los términos correctos y por ello se declaró improcedente.
¿Evasión de una sanción comunitaria?
En conversación con El Universal, la presidenta de la JAC de El Laguito, Patricia Zablatzky explicó que el 24 de febrero de 2021, la Secretaría de Participación consideró la Asamblea de Remoción de Dignatarios improcedente. “Se violaron la ley comunal, los estatutos de las JAC y la Constitución. Nosotros en la JAC interpusimos una querella ante ASOJAC, que es la mamá de las JAC, expresando que se violentó la ley comunal e íbamos a realizar la notificación a cada uno de ellos, con copia del auto y de la querella, pero ellos empezaron con ataques verbales”, dijo Zablatzky.
“La suspensión de las elecciones para las JAC, y la querella ante Asojac, los llevaron a desafilarse. Y es que en la querella que interpuso la Junta, lo que pedimos es que los desafilien de manera legal, con las sanciones a las que haya lugar. En este caso lo que pedimos fue que no puedan afiliarse por 10 años”, explica Zablatzky.
Es decir que según Zablatzky aunque ellos se desligaron de forma voluntaria, esto iba a ocurrir a través de la querella, solo que esta iría acompañada también de una sanción.
Sin embargo “se desafilien o no, sus acciones fueron cuando ellos estaban en la Junta, por lo tanto la denuncia continúa. Ellos creen que desafiliándose se librarán de la sanción, pero no”, dijo la presidenta de la JAC. Zablatzy agregó que su intención no es “estar casada con la Junta, si hay una elección democrática, quien gane será quien se haga cargo, y se trabaja. Pero todo tiene que hacerse en el marco de lo legal”.
La presidenta de la JAC explicó que en este momento los que firmaron el derecho de petición “no están desafiliados. Tengo que realizar la revisión de documento, y notificar como corresponde”.
Entre los motivos que explica la presidenta de la JAC, del por qué fue improcedente la Asamblea de remoción de dignatarios es que “metieron personas que no están afiliadas al libro (de la JAC) y formaron planchas y muchos votaron, sabiendo que no eran afiliados. Es decir, que estaban suplantando una posición y eso es ilegal. Además del fraude procesal, porque “al enviar esos documentos a Secretaría de Participación, se quiere hacer caer en error a un funcionario público con mentiras”, concluyó. Además, también menciona que su cargo también ha sido suplantado.
La presidenta de la JAC dijo que realizará la revisión para saber cuántos y cuáles son los miembros que quedan en la Junta y en los tiempos que corresponden por ley, dará la respuesta correspondiente ante el derecho de petición que se presentó.
Control y verificación
Asesoría, capacitación, acompañamiento y control. Esas son las funciones que tiene la Secretaría de Participación con las JAC. El Universal quiso conocer más a detalle lo que está ocurriendo y por ello se contactó con Arturo Castillo, asesor jurídico de esta dependencia, quien explicó la situación teniendo en cuenta los conceptos básicos sobre las JAC.
“Si una asamblea dice que los dignatarios no están haciendo bien su trabajo, entonces lo remueven, porque es la Asamblea quien los elige, igual como ocurre con el alcalde y la revocatoria de mandato. Pero si yo voy a remover a unos dignatarios, tengo que cumplir con unos procedimientos de ley, que implican un debido proceso porque hay un acto administrativo que reconoce a esos dignatarios”, explicó Castillo.
El asesor jurídico aclara que “para poder cancelar el acto administrativo que reconoce a esos dignatarios se debe demostrar que los afiliados se reunieron, hicieron un procedimiento acorde con la ley y los estatutos y entonces se anula el acto administrativo y luego se realizan los trámites para que se reemplacen a esos dignatarios que fueron removidos. Si ellos no lo hacen mediante el conducto regular, yo aplico criterios y principios de legalidad. Ellos hicieron un proceso de remoción de cargos y no cumplieron con los requisitos y hubo un pronunciamiento por parte de la Secretaría pero eso no es un ejercicio en el marco de la autonomía de ellos”.
En estos momentos se está realizando una apelación en base a lo que el grupo que no está de acuerdo con la JAC.
“Las obligaciones de las JAC son de cada miembro, no solo de los presidentes. La obligación de un presidente es convocar, pero si las personas no asisten no es responsabilidad del coordinador o de la dignataria, sino obligación de cada afiliado. Nosotros como órgano de control tenemos la evidencia y la trazabilidad de las reuniones y lo que hemos hecho con la junta, pero no podemos hacer lo que corresponde a afiliados y dignatarios porque no tenemos esa capacidad”, explicó Castillo.
Si una persona desea conocer quiénes son los miembros de la Junta de Acción Comunal de su barrio, pueden solicitarlo a la Secretaría de Participación y Convivencia Ciudadana.
