“Nosotros tenemos el título de poseedores de estas tierras. Incluso, en la carta catastral aparecemos con la referencia 74. Por eso ellos no pueden venir y pretender sacarnos de este espacio y pretender tumbar nuestras casas alegando que son terrenos de ellos, cuando no es así. Pedimos a las autoridades competentes que investiguen bien, porque hay muchas mentiras en todo esto”. Eso es lo primero que dice Carlos Mario Cuesta Pérez, residente del sector La Bendición del barrio 20 de Julio, quien alega que es el primer poseedor del bien que hoy es motivo de litigio.
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Cuesta explica que en el 2010 compró (como posesión), el lote donde hoy residen más de 10 familias. Sin embargo, desde el 2019 vienen presentando querellas y denuncias por perturbación en el espacio, supuestamente porque el inspector de policía de la zona no le da credibilidad a ninguno de los documentos que tienen estas familias. Todo indica que un cambio en la referencia catastral los tiene en un limbo jurídico.
Reciba noticias de El Universal desde Google News “En el 2010 compré en posesión este lote y tengo la minuta de tradición, pero el inspector no le da credibilidad. Por eso, en el 2017 presenté una denuncia por perturbación al espacio y en el 2019 llevamos la querella formal. Estos señores que ahora alegan ser dueños del terreno, que compraron hace tres años la posesión y yo la tengo desde hace 15, quieren sacarnos de aquí, pero no pueden hacerlo porque tenemos nuestros documentos”, asegura Cuesta.
Otros habitantes de la zona indican que en la carta catastral, que sacaron en 2020, aparecen cuatro lotes, uno de los cuales es donde residen estas familias. Pero, al parecer, aseguran los denunciantes, la empresa que quiere ocupar el predio los quiere eliminar de esta referencia catastral.
“Según ellos, este lote donde estamos no existe y por eso deben demoler nuestras viviendas, porque supuestamente les pertenece. Hicimos una inspección ocular con un experto y corroboró que esa referencia catastral sí existe y esto fue llevado a la inspección de policía, pero un año después desapareció todo esto”, señala.
¿Qué han hecho?
Rafael Pájaro Hernández, abogado de las familias, aseguró que debido a los procedimientos policivos “inadecuados” que se han hecho en el sector, han presentado acciones judiciales ante la Procuraduría, Personería y Defensoría del Pueblo.
“Hay una empresa que alega que los lotes donde residen estas familias les pertenecen y por esto se han presentado algunas irregularidades en las referencias catastrales. Hemos notado que en todo el procedimiento estas referencias han cambiado sin ningún sustento jurídico. Pedimos que sea el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) el que mediante una resolución administrativa explique si están o no efectuando estos cambios ellos”, aseguró el abogado. Y añadió: “Por eso pedimos a las autoridades que investiguen”.
Pese a que la comunidad asegura que el IGAC debe dar a conocer si se realizaron o no cambios en el catastro de estas viviendas, desde esta entidad aseguran que esto no les corresponde a ellos.
“El IGAC ya no es responsable del tema de catastro en Cartagena, porque eso pasó a ser responsabilidad de la oficina de catastro de Bogotá. En ese sentido el IGAC no tiene forma de ayudarles o colaborarles en ese caso”, afirmaron.
El Universal intentó comunicarse con el inspector de policía de la zona para conocer su versión de estos hechos, pero no fue posible localizarlo.
