¿Cuántas veces ha escuchado que se está avanzando en la formulación de una política pública? Seguramente muchas. En Cartagena, durante años, se ha intentado formular este tipo de guías para los jóvenes, niños y adolescentes, habitantes de calle, mujeres, discapacitados, inclusive una en materia de tecnología de la información y comunicación y otra para el desarrollo económico.
De hecho, en diciembre de 2019, el Concejo de Cartagena aprobó en segundo debate el Proyecto de Acuerdo 186, por medio del cual se autoriza al alcalde a crear el Observatorio Distrital de Políticas Públicas como una instancia de monitores y evaluación de las metas propuestas en el Plan de Desarrollo.
Más allá de todo esto, las políticas públicas en Cartagena parecen ser inexistentes o, peor aún, letra muerta. De igual manera, de acuerdo con las revelaciones presentadas por el alcalde William Dau, y el secretario de Participación, Armando Córdoba, estas políticas se han convertido en un “bolsillo sin fondo” ya que pese a las inversiones son prácticamente nulos los avances.
“Encontramos una ausencia de políticas públicas que guíen su accionar y que además guíen el comportamiento del gobierno. En Cartagena no ha sido una constante la preocupación por construir políticas públicas, que más allá del gobierno realmente garanticen procesos de desarrollo a largo plazo”, afirmó Córdoba.
Juventudes
La política pública de juventudes es quizás una de las más esperadas, pues desde hace más de 12 años se está hablando de ella, ha pasado por las manos de diversas administraciones y aún se desconoce cuándo podrá estar lista.
Durante la administración de Judith Pinedo se creó el documento ‘Jóvenes constructores de ciudadanía’, el cual se suponía que era la política pública, pero nunca fue aprobado en el Concejo. Posteriormente, con Dionisio Vélez Trujillo, los jóvenes realizaron otro documento mucho más largo donde recogieron propuestas a desarrollar hasta en 15 años, pero tampoco fue visto con buenos ojos por la corporación Distrital.
En el mandato de Sergio Londoño se pactó destinar $80 millones para implementar la metodología y construir el anhelado documento; entregar una sede dotada en la Biblioteca Distrital Jorge Artel para la Plataforma Distrital de Juventudes; y generar espacios de concertación y decisión, empero, nada de eso ocurrió porque los recursos se enredaron cuando se cambió de administración y nunca aparecieron. (Lea aquí: Los $80 millones que se ‘embolataron’ para la política pública de jóvenes)
Según lo expuesto por Córdoba durante 2019 el Distrito realizó un convenio con la Fundación Grupo de Estudiantes para la Promoción en Salud - GEPS, por valor de $547.857.142, con un aporte de $383.500.000 por parte de la Alcaldía de Cartagena. Además, en noviembre de 2019 se habrían adicionado $50 millones al contrato sin lograr ningún objetivo final.
“Se falló en no tener una política pública de juventudes. El año anterior se intentó hacer el convenio y encontramos que aunque se hicieron unos gastos no se encuentra una información precisa de esta política”, afirmó el secretario de Participación.
Agregó que esta política pública es muy importante para Cartagena teniendo en cuenta que “es una ciudad con una alta población joven los cuales no tienen oportunidades de empleo, de educación, de recreación, ni de deporte, a pesar de que se hizo una inversión en 2019 no se cumplió con el resultado de esta política”.
Organizaciones Comunales
Si por el lado de las políticas públicas de jóvenes llueve, por el lado de las organizaciones comunales no escampa.
“En Cartagena no fueron capaces de construir una política pública de JAC y por eso muchos organismos comunales hoy se encuentran débiles. En 2019 se avanzó en un posible convenio para garantizar la política pública de acciones comunales, sin embargo, a pesar de que se hicieron unos pagos, cuando recibimos la Secretaría encontramos que no habían informes de los avances porcentuales ni de las ejecuciones de ese posible convenio”, apuntó Córdoba.
En los hallazgos se muestra que el Distrito en 2019 realizó convenio con la Corporación Señales de Humo por un valor de $218.000.000, aportando $152.600.000, de los cuales no se presentaron informes de ejecución.
“Debemos observar que aquí se presentan presuntas irregularidades porque lo más evidente es que no se encontró la política pública de Juntas de Acción Comunal. Cartagena no cuenta con esta política y se hace importante contar con ella porque nos permitiría guiar lo que debe ser nuestro gobierno para fortalecer el liderazgo comunal dentro de los barrios”.
