La falta de acciones del Distrito en los casos del edificio Aquarela y las construcciones ilegales de la familia Quiroz, tiene en la mira de la Procuraduría General de la Nación al alcalde de Cartagena, William Dau Chamatt, y a cuatro funcionarios de su gabinete, así como también al exalcalde de Cartagena, Pedrito Pereira, junto a cuatro funcionarios de su administración. (Lea aquí: Aquarela: venció el plazo y no se cumple restitución del espacio público)
De acuerdo con un informe presentado por el procurador delegado para la Conciliación Administrativa, Iván Darío Gómez Lee, los funcionarios que están en riesgo de investigación, indagatoria o sanción disciplinaria son los siguientes:
William Dau Chamat, alcalde de Cartagena; Gonzalo Jácome Peñaranda, secretario de Infraestructura; Guillermo Ávila Barragán, secretario de Planeación; Fernando Abello Rubiano, jefe de la Oficina Asesora para la Gestión del Riesgo de Desastres, y Renzo Javier Orozco Ribón, inspector de Policía Comuna No. 2.
Igualmente, Pedrito Tomás Pereira Caballero, exalcalde Distrital (e); Clara Calderón, exsecretaria de Infraestructura; Édgar Marín Támara, exsecretario de Infraestructura; Laura Mendoza Bernett, exjefe de la Oficina Asesora para la Gestión del Riesgo de Desastres, y Paola Serna Tobías, exinspectora de Policía Comuna No. 2.
Para el caso de Aquarela, el ente de control manifiesta que estos funcionarios han sido omisivos en la recuperación de los 619 metros de espacio público invadidos por la torre uno del edificio, para lo cual está en firme una orden policiva desde 2018, y las medidas de respuesta ante el grave riesgo de desastre o colapso de esa edificación.
“El deber de cumplir con la orden policiva era imperativo para el implicado exalcalde del Distrito de Cartagena Pedrito Pereira Caballero, así como a los exsecretarios de infraestructura durante los años 2018 y 2019 del período del mencionado exalcalde (...) pues al no hacerlo no solo podrían estar incurriendo en el delito de fraude a resolución judicial o administrativa de policía, sino en las faltas graves.
Las conductas omisivas, en las que primeramente incurrió el exalcalde (e) han sido replicadas por el actual alcalde de Cartagena de Indias, William Dau Chamat, y miembros de su gabinete, y pone en grave riesgo el rótulo de patrimonio histórico de la humanidad que posee dicha ciudad, además de violar derechos colectivos como lo son el espacio público, la seguridad y salubridad pública”.
Por dichas omisiones la Procuraduría sugiere que los funcionarios incurren en las mismas faltas disciplinarias graves y gravísimas, así como en el delito de fraude a resolución judicial o administrativa de policía, por lo cual deben ser investigados.
El caso Quiroz
En el informe, el procurador delegado advierte también que pese a los estudios elaborados por la Universidad Nacional en 7 de los 16 edificios construidos por la familia Quiroz, los cuales sugieren que deben ser demolidos por no cumplir con normas de sismorresistencia y su mal estado, esto tampoco se ha cumplido.
“Es claro que los funcionarios respecto de los cuales se realiza el presente traslado, han incumplido sin justificación alguna sus deberes funcionales en relación también con este tópico, toda vez que no han cumplido con los compromisos enmarcados en el Plan de Normalización Urbanística, de realizar las acciones necesarias para hacer cesar el riesgo que para la comunidad en general representan las construcciones ilegales de la familia Quiroz, respecto de los cuales ya cuentan en el Distrito con estudios técnicos idóneos y contundentes, que demuestran su mal estado y la alta posibilidad de que colapsen de un momento a otro”.
Sobre este caso la PGN sugiere que la conducta de los implicados encuadra como falta grave y gravísima, susceptible de sanción. Asimismo, indica que se evaluará la conducta de otros funcionarios de la Alcaldía que internamente puedan estar incidiendo en la toma de decisiones sin que la ciudadanía lo sepa.
