La corrupción que ha retrasado el desarrollo de integral de Cartagena como ciudad, es palpable.
Se ve al pasar por alguno de los centros de salud que en un pasado prometieron ser remodelados y que hoy están a medias. Se ve al dar cuenta de la precaria infraestructura de varios colegios y también, al momento de voltear la mirada hacia ciertas zonas de la ciudad, donde las condiciones de pobreza son realmente devastadoras.
Varios de estos hechos que han contribuido a que la ciudad se encuentre en tales condiciones, han sido denunciados ante los entes de control como la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría.
Sin embargo, como manifestó el alcalde William Dau al cerrar su intervención en la última entrega del ‘libro blanco’, varios de estos procesos se encuentran paralizados y no hay respuestas de fondo que den con los responsables.
Es por este motivo que el mandatario local enumeró varios casos que según su criterio deben tener prioridad para ser resueltos por parte de estos organismos. Estos son algunos de ellos:
1. Reconstrucción de centros de salud
Los contratos datan de 2014, pero no fue hasta el año pasado que la Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos en contra del exalcalde Dionisio Vélez, por presuntas irregularidades en el desarrollo del proyecto de infraestructura hospitalaria en la ciudad. Esta investigación también cursa en contra de la exdirectora del Dadis Martha Rodríguez, y el entonces supervisor del contrato de interventoría del Dadis, Javier Martínez.
Cabe recordar que estas obras estaban proyectadas a ejecutarse en 14 meses pero aún seis años después, hay algunos centros de salud que se encuentran inconclusos.
Por esto también la Contraloría abrió un proceso de responsabilidad fiscal en contra del exalcalde Vélez, por el presunto detrimento patrimonial de $37.810 millones para la ampliación, remodelación y dotación de 25 centros de salud de la ciudad (en total eran 39 a intervenir por un valor total de $100 mil millones). En este proceso también se vinculó a los contratistas integrantes del Consorcio Salud Heroica S.A y el consorcio Interventoría Hospitales Cartagena.
2. Pago de comisiones de éxitos para préstamos
Los $100 mil millones en contratos para centros de salud, provenían como tal de un préstamo que el exalcalde Dionisio Vélez hizo por $250 mil millones, el cual además de mejorar la red hospitalaria, también asignar recursos a educación e infraestructura vial.
Este préstamo fue aprobado por el Concejo en el 2014, pero en 2017 la Contraloría encontró que en ese entonces, la Alcaldía habría pagado comisiones irregulares a asesores externos para conseguir el crédito. Algo que no debía haberse hecho porque estas gestiones son propias de funcionarios de la Alcaldía. Según el ente de control el detrimento patrimonial por estas comisiones asciende a $2.500 millones.
3. Elección de contralora Nubia Fontalvo
Sobre el escándalo desatado en el Concejo en 2016 por la elección irregular de la excontralora Nubia Fontalvo, cursan procesos en Procuraduría y Fiscalía contra varios exfuncionarios.
Apenas el mes pasado la Procuraduría dictó el pliego de cargos contra los cabildantes que estarían involucrados. Estos son, Duvinia Torres, María Angélica Hodeg, Javier Curi, Lewis Montero, Américo Mendoza, Antonio Salín Guerra, Edgar Mendoza, William Pérez, Erich Piña, Zaith Adechine, Ronald Fortich, Luis Cassiani y David Dager.
En cuanto al proceso de Fiscalía, es de recordar que el exalcalde Manuel Vicente Duque, su primo Jose Julián Vásquez, el exconcejal Jorge Useche y la excontralora Nubia Fontalvo fueron enviados a la cárcel, pero posteriormente quedaron en libertad por vencimiento de términos.
4. Pago de pensiones
En la primera entrega del ‘libro blanco’ uno de los hechos que más generó indignación fue el de un presunto ‘cartel’ de las pensiones en Cartagena por el reconocimiento y el pago de pensiones con documentación falsa y sin el lleno de los requisitos legales.
Dau dijo que de su administración se ha entregado mucha información para ese expediente, sin embargo aún no hay pronunciamiento de los entes de control al respecto.
5. Edificios de los Quiroz
El 27 de abril de 2017, Cartagena vivió una de sus peores tragedias de su historia reciente: el desplome del edificio Portales de Blas De Lezo II, el cual dejó un saldo de 21 personas muertas en La Heroica tras su caída.
Por esto, Wilfran Quiroz, propietario del edificio fue condenado a cuatro años de cárcel por el delito de urbanización ilegal. Pero contra él también cursa otro proceso que tiene que ver con al menos 16 edificaciones más que están construidas en la ciudad de manera irregular y que representan un riesgo para las familias que las ocupan.
A este proceso también están vinculados su hijo Luis Quiroz, el maestro de obras Luis Agresor, el inspector de la comuna 12, Alfonso Ramos, y quien era el jefe de la Oficina de Control Urbano del Distrito, Olimpo Vergara, quienes enfrentan este proceso en libertad debido al vencimiento de términos, figura que ha rondado a este caso.
Por el momento el Distrito sigue en el pago de los subsidios a las familias que tuvieron que desocupar sus apartamentos por el riesgo que significaban.
6. Edificio Aquarela
Pese a que la Procuraduría y el Ministerio de Cultura, amparados en un estudio de la Sociedad Colombiana de Ingenieros (que fue controvertido por la Sociedad de Ingenieros y Arquitectos de Bolívar), ordenaron la demolición del edificio construido a escasos 200 metros del Castillo de San Felipe, aún no existe decisión judicial que así lo determine.
Por otra parte, tampoco se han esclarecido las responsabilidades de otros actores que sabían de la obra (su primera licencia fue entregada en 2015), y aún así no alertaron sobre el riesgo que suponía para el patrimonio.
“Esto fue denunciado con tiempo para detener la obra y las investigaciones no han dado resultado ejemplarizante ¿qué ha pasado con las personas naturales que permitieron esto?”, dijo Dau.
7. Concesión de peajes
En la Contraloría aún cursa un proceso por presuntas irregularidades en la ejecución del contrato de concesión de peajes internos de Cartagena, en los cuales, según el ente de control, existiría una responsabilidad fiscal de $3.500 millones.
Por este motivo, en febrero de este año el organismo realizó una serie de visitas a la Alcaldía, al departamento de Valorización, a Edurbe y al Concesionario con el fin de avanzar en las investigaciones sobre el cumplimiento de la tasa interna de retorno, y si sigue siendo necesario que estos peajes permanezcan.
8. Caso Edurbe
En manos de la Fiscalía se encuentra un proceso en contra del exgerente de la Empresa de Desarrollo Urbano de Bolívar (Edurbe) Bernardo Pardo y la exsecretaria del Interior Yolanda Wong, que en 2018 firmó un contrato por $2.120 millones para la adecuación de varias inspecciones de policía, comisarías de familia y casas de justicia del Distrito.
La Fiscalía halló presuntas irregularidades en la ejecución del contrato al dar cuenta que este fue firmado cuando Wong ya no ostentaba el cargo de secretaria del Interior. Además, indicó que en la fase precontractual del convenio se había determinado la necesidad de que este fuera adjudicado mediante licitación pública con un anticipo del 50%. A pesar de ello, este fue adjudicado de forma directa a Edurbe y se pagó el 100% desde su inicio. De acuerdo con el ente acusador, el detrimento al Distrito fue de $465.875.964.
A Pardo se le imputaron delitos de peculado por apropiación y celebración de contrato sin el lleno de requisitos, al igual que a Wong, a quien además se le imputó usurpación de funciones. Ambos enfrentan el proceso en libertad.
9. Prórroga de contrato de Acuacar
Otro de los procesos que involucra al exalcalde Dionisio Vélez es el que tiene que ver con la firma de la prórroga por 13 años del contrato de Acuacar para la prestación del servicio de agua potable y saneamiento básico en la ciudad, el cual estaba previsto para vencerse en 2021. Sin embargo seis años antes se tomó esta decisión y ahora el contrato sigue vigente hasta 2034. Por esto, la Procuraduría formuló pliego de cargos al exalcalde y a su secretario general en ese entonces, Carlos Coronado. Además, la Contraloría también revisa el caso.
10. Caída del Puente Heredia
Pese a que el suceso ya tiene 25 años de haber ocurrido, nunca hubo una decisión de fondo sobre la obra la construida durante la administración del exalcalde Gabriel García Romero, la cual en su momento tuvo varias críticas por las demoras en su ejecución tras la firma del contrato. En ese entonces las investigaciones en contra de Edurbe y la compañía interventora precluyeron y lo único que se volvió a conocer del caso fue un fallo del Consejo de Estado de 2014, mediante el cual el Distrito fue obligado a indemnizar a dos motociclistas que resultaron lesionados con la caída del puente.
11. Sobrecostos en Transcaribe
La Contraloría también ha puesto la lupa sobre Transcaribe. En 2014, determinó un presunto sobrecosto de $13 mil millones en la adquisición de predios para ejecutar las obras. De la misma manera, por fallas en pavimentos, lozas y estaciones el ente de control estimó un detrimento patrimonial de $5 mil millones.
Cabe recordar que el proyecto del Sistema de Transporte Masivo en Cartagena, demoró casi diez años en entrar en funcionamiento tras múltiples retrasos en las obras. Aún no se completa el 100% de su operación.
12. Sobrecostos en el PAE
Hallazgos de la Contraloría en 2017 pusieron de manifiesto un detrimento de $5 mil millones en la contratación del Plan de Alimentación Escolar (PAE) del año 2016, el cual figuraban las famosas pechugas a $40 mil y otros sobrecostos en alimentos. Por este motivo se abrieron investigaciones en contra del exalcalde Manuel Vicente Duque, el exsecretario de Educación Germán Sierra y los representantes legales de los contratistas.
13. Las ESALES
A lo largo de las tres entregas del ‘libro blanco’, las Entidades Sin Ánimo de Lucro (Esales) tuvieron gran protagonismo. Varios funcionarios denunciaron que en administraciones anteriores, cuantiosos contratos habrían sido entregados a entidades de este tipo que no contaban con idoneidad alguna, comprometiendo así los recursos del Distrito. Por este motivo, la administración Dau también insta a los entes de control a investigar estos hechos.
