La incertidumbre tras la inminente suspensión del alcalde de Cartagena, William Dau, está latente luego que a finales del mes pasado el contralor distrital (e) de Cartagena, Rafael Castillo Fortich, le solicitó al presidente de Colombia, Iván Duque, la suspensión inmediata del mandatario de los cartageneros por presuntas irregularidades en un contrato suscrito para mitigar los efectos de la pandemia de COVID. Lea: Contralor solicita al presidente Duque que suspenda al alcalde Dau
Según la Contraloría, la denuncia de las presuntas irregularidades en el contrato fue presentada por el ciudadano Álvaro Ganem Issa. Sin embargo, en entrevista con El Universal, este desmintió haberla realizado. Lea: Desmienten denuncia por la que la Contraloría pidió suspender a William Dau
Por su parte, el alcalde Dau, el pasado martes 31 de mayo presentó ante la Presidencia de la República una solicitud de aplicación de excepción de inconstitucionalidad de la Resolución No. 164 del 23 de mayo de 2022 de la Contraloría Distrital de Cartagena, que solicita al presidente la suspensión del mandatario. Lea: ¿Por qué Duque aguantó la suspensión del alcalde Dau?
Argumentos
El Universal pudo conocer los argumentos que presentó la administración de ‘Salvemos juntos a Cartagena’, en busca de frenar la solicitud de la Contraloría Distrital:
“Lo primero es que la interinidad intencional del Contralor de Cartagena desconoce la Constitución y la ley. Pese a la claridad de la reglamentación sobre el proceso de elección de contralores en el país, el Concejo de Cartagena ha mantenido de manera intencional en interinidad el cargo de contralor, omitiendo de manera deliberada la reglamentación constitucional y legal, prescindiendo de realizar un proceso público y transparente para elegir un contralor independiente en propiedad. En cambio, ha decidido con toda serie de artimañas nombrar personas adeptas a sus afinidades y propósitos políticos que se dedican a perseguir, suspender y hostigar a los funcionarios de la administración Salvemos Juntos a Cartagena”, informó el Distrito. Lea: Los 12 alcaldes que ha tenido Cartagena en la última década
Y continuó: “Esta actuación que tiene su génesis en el desconocimiento de las normas constitucionales y legales, en especial del artículo 6° del Acto Legislativo 04 de 2019 y de la Ley 136 de 1994, al omitir intencionalmente realizar una elección transparente y pública de un contralor, no puede ser ejecutada sin que ello implique una vulneración del Estado Social de Derecho y en especial del principio de legalidad”.
El Distrito cuestiona el rol de la Contraloría en plena época electoral: “La resolución emitida por la Contraloría Distrital es una abierta y descarada expresión de participación en política que no puede ser consumada por el presidente de la República. Este acto arbitrario fue expedido en vísperas de las elecciones presidenciales para influir en sus resultados y, como se explicó, es el -modus operandi- resultante de la interinidad que mantiene intencionalmente el Concejo de la ciudad en el cargo de contralor distrital, participación que no debería acolitar el Presidente de Colombia”. Lea: “Unos concejales malandrines y su fiel perro ordenaron al presidente suspenderme”: Dau
La administración Dau reiteró: “Por tal razón, se solicitó al Presidente aplicar la excepción de inconstitucionalidad a la Resolución 164 de 2022 de la Contraloría Distrital de Cartagena por ser violatoria del artículo 127. Modificado por el art. 1, Acto Legislativo 2 de 2004, al ser una expresión descarada de participación en política”.
Alcadía de Cartagena
El Distrito señaló que la resolución emitida por la Contraloría viola el artículo 29 de la Constitución Política y la convención Interamericana de Derechos Humanos, que en su artículo 23 hace referencia al debido proceso y al derecho ciudadano de elegir y ser elegido.
“La Corte Interamericana de Derechos Humanos se ha pronunciado en dos casos emblemáticos: en Colombia, el caso de Gustavo Petro, y en Venezuela, Leopoldo López, señalando que las autoridades administrativas como las contralorías, no pueden limitar los derechos políticos de los funcionarios elegidos popularmente, pues solo los jueces penales de las repúblicas son los competentes para suspender o inhabilitar a estos funcionarios, es por ello que, en aplicación del bloque de constitucionalidad y del principio de conformidad, la Presidencia de la República no puede ejecutar un acto que viola las mínimas garantías del artículo 23 de la Convención Americana al ser expedida por una autoridad administrativa ilegítima como lo es el Contralor Distrital (e) de Cartagena”, aseguró el Distrito.
“Se resalta que la investigación fiscal fue iniciada por la supuesta denuncia del ciudadano Álvaro Ganem Issa, quien desmintió en medios locales haberla hecho, evidenciándose una vez más que todo se trata de un montaje y mentira del Contralor Distrital (e)”, concluyó la Alcaldía.
