En un histórico acuerdo, la Concesión Vial aceptó la propuesta hecha por el gremio de transportadores de carga pesada de eximirlos del pago en los peajes de Manga y Ceballos tal como lo había hecho semanas antes con los buses, taxis y vehículos particulares, suspendiendo así la operación en estas casetas de cobro por dos meses. (Lea aquí: Concesión Vial acepta levantar talanqueras de peajes para camioneros)
Pero si bien el acuerdo significó un respiro para preservar el orden público tras las protestas, primero de todos los cartageneros que se negaban a pagar peajes y segundo de los camioneros que se rebelaron al no ser incluidos en la primera negociación, son varios los reparos que han surgido con respecto al actuar de la Alcaldía en medio de toda esta polémica.
Por un lado algunos afirman que el alcalde William Dau debió esperar a que saliera un fallo sobre el proceso de responsabilidad fiscal que adelanta la Contraloría General de la Nación, mientras que otros dicen que hay suficiente evidencia para que el mandatario actúe y liquide o suspenda el contrato de manera unilateral.
En el primer caso, el argumento principal es que en caso de que la Contraloría determine que la TIR no se ha alcanzado, el hecho de haber levantado las talanqueras en Manga y Ceballos haría que el Distrito tenga que reponer lo que se ha dejado de cobrar por la concesión.
“Las talanqueras sirven es para que el vehículo pase o no, pero realmente lo que cuenta son unos sensores que hay en el piso, unas bandas metálicas, cada vez que un carro pasa, el concesionario está contando así no se le cobre, así que levantar las talanqueras no quiere decir que haya cesado el control del número de carros que están pasando por allí. El día que haya un reclamo eso será contraproducente porque la Alcaldía es la que va a deber”, dijo una fuente a El Universal.
Por otra parte, específicamente desde el comité Antipeajes, afirman que desde el punto de vista jurídico y de conveniencia, la situación es complicada porque al seguir cobrando en los peajes de La Heroica y Corralito de Piedra, se continúa con el detrimento patrimonial advertido.
“Hay que ver realmente qué está pensando la administración, porque si está segura de lo que dijo la Contraloría y la Fiscalía de que hace tres años la Tasa Interna de Retorno (TIR) se recuperó, la Alcaldía debe tomar una decisión”, dice Nausícrate Pérez, presidente del Colegio Nacional de Abogados seccional Cartagena.
Para Pérez en todo este asunto “gana la Concesión” porque sigue cobrando por la entrada y salida de vehículos a Cartagena en tarifa plena y van a seguir recaudando mientras no haya una decisión.
“El alcalde no está impedido ni tiene recusación válida, es libre de tomar la decisión y apelar a la cláusulas establecida en la Ley 80, si él no quiere, no puede, o si tiene temor porque la Concesión pueda ganar y tenga que indemnizarla, pues tiene que correr el riesgo, sobre todo cuando está respaldado por entes, la Fiscalía ya lo dijo, la Contraloría Distrital también, la Contraloría General, el Colegio Nacional de Abogados y la Veeduría de la Rama Judicial en un estudio de matemática financiera lo hizo, hay evidencias razonables para que el alcalde tome una decisión, pero si no se toma se aumenta el detrimento y el funcionario peca por acción o por omisión”, dijo Pérez.
Pocos minutos después de haber firmado el acuerdo con la Concesión Vial para levantar las talanqueras para todos los vehículos en los peajes de Manga y Ceballos, el alcalde William Dau aclaró que no se trata de nada jurídico.
“Este acuerdo pactado no tiene nada que ver con la parte jurídica, es teniendo en cuenta que se ha causado mucho detrimento a la ciudad, hay desabastecimiento y problemas de orden público”, dijo Dau.
Agregó que esto no lo compromete con efectos o modificaciones dentro del contrato que existe entre el Distrito y la Concesión Vial, pues el acuerdo tenía como fundamento darle fin a la situación caótica de movilidad que vivía Cartagena con el paro de camioneros. Acotó que desde la administración se han adelantado todas las acciones y mecanismos judiciales para suspender la operación de los peajes mientras se surte la investigación de la Contraloría.
El acuerdo del pasado 25 de febrero contempla tres compromisos:
- Levantar las talanqueras en los peajes de Manga y Ceballos para los vehículos de carga pesada por dos meses, dejando como constancia que los peajes La Heroica y Corralito de Piedra seguirán cobrando sus tarifas normalmente.
- Creación de una mesa permanente de negociación durante dos meses con sede en la Defensoría del Pueblo Regional Bolívar, con la participación de todos los actores y con la invitación a la Sociedad Portuaria de Cartagena, los ministerios del Interior, Comercio y Transporte, y los comités antipeajes.
- Desbloqueo de la vía y evitar embotellamientos en los filtros de los peajes. La fuerza pública y el DATT estarán en el sitio para mantener el orden.
