Más voces se suman a la polémica de las últimas semanas con relación a la demolición del edificio Aquarela, apoyada por el Ministerio de Cultura y la Procuraduría tras un estudio de la Sociedad Colombiana de Ingenieros (SCI), el cual mostró fallas estructurales en el edificio. (Lea: Tras identificar fallas estructurales, ordenan demolición del Aquarela).
Cabe resaltar que actualmente uno de los procesos que existe contra el edificio Aquarela consta de una acción popular instaurada por este ministerio por presunta vulneración al patrimonio cultural de Cartagena, teniendo en cuenta que el edificio está construido a escasos 200 metros del Castillo San Felipe de Barajas y afecta su cono visual.
Sin embargo el alcalde William Dau, pese a lo dicho por estas entidades aún no ha decidido demoler el edificio debido a que no hay una orden de un juez que así se lo dicte, pues aún no hay un fallo dentro del proceso. Esta actuación ha causado una serie de intercambios de mensajes entre el Procurador Fernando Carrillo y el alcalde sobre la demolición de la estructura. (Le recomendamos: Alcalde asegura que solo demolerá Aquarela cuando se lo ordene un juez)
Al respecto, la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol) seccional Bolívar, dijo que apoya la actuación de Dau teniendo en cuenta que está siguiendo el debido proceso.
“La instrucción dada por el Ministerio de Cultura al Alcalde William Dau, está desconociendo las situaciones jurídicas consolidadas y el principio de legalidad, al solicitar a la Alcaldía Mayor del Distrito, tomar decisiones sobre un informe que no hace parte del expediente de ninguno de los procesos jurídicos que enfrenta el proyecto habitacional Aquarela, ya que es un juez de la República, quien en el marco del proceso legal que se surte para el proyecto, la autoridad llamada a dar las instrucciones del caso”, expresó Angélica Salas, dirigente de este gremio.
Camacol insiste en que el caso Aquarela es el resultado de la inestabilidad jurídica y la falta de institucionalidad en el ordenamiento territorial de la ciudad, que pone en riesgo la producción de viviendas de interés social (VIS) y la inversión en proyectos de desarrollo urbano en Cartagena. (Lea aquí: El caso Aquarela más allá de la demolición)
“Antes del inicio de esta coyuntura de COVID-19, ya veíamos una disminución del 45% en los lanzamientos de proyectos VIS mientras que a nivel nacional los lanzamientos crecieron un 17,4% en el 2019. Esta disminución se debe a no tener la normativa clara, hoy en día para el licenciamiento de proyectos de vivienda VIS que están en proceso de preventa o licenciamiento, esta actuación de la administración anterior está teniendo un impacto negativo y no está permitiendo a los cartageneros acceder a los subsidios del Gobierno Nacional, que son una bolsa de subsidios nacional que se agotan de acuerdo con la demanda en los territorios”, explica Salas.
Por este motivo la dirigente gremial exhorta a la actual administración a actuar a tiempo con las necesidades del sector. “Se debe actualizar el marco normativo y jurídico. Se requieren aclaraciones normativas que ayuden a reactivar la construcción en la ciudad en el corto plazo, como lo son: Normativa de Parqueaderos, vivienda VIS y Cargas y Beneficios y Cesiones anticipadas, que permitan dinamizar otras zonas de desarrollo en la ciudad”, señala Camacol.
En este orden de ideas para el gremio sigue siendo un reto y una necesidad que la ciudad logre culminar con éxito los procesos de elaboración y concertación de instrumentos de ordenamiento territorial como el Plan de Ordenamiento Territorial (POT), el Plan Especial de Manejo y Protección (Pemp) y el Plan de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas (Pomcas) con estudios técnicos y de riesgos precisos que permitan un desarrollo sostenible del territorio con seguridad jurídica.
