Ayer 4 de agosto, el presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), Manuel Felipe Gutiérrez, anunció que la adjudicación del megaproyecto de la “Restauración de los Ecosistemas Degradados del Canal del Dique” ya no se realizaría esta semana como estaba previsto sino que ahora sería responsabilidad del gobierno del presidente electo, Gustavo Petro.
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El presidente la ANI afirmó que la decisión se tomó debido a las solicitudes del equipo de empalme del gobierno entrante para aplazar la adjudicación.
Sin embargo en las últimas horas se conoció la carta de renuncia de la vicepresidenta de estructuración de la ANI, Diana Cardona, la cual fue radicada el miércoles 3 de agosto.
En la carta, dirigida al presidente de la ANI, la ahora exfuncionaria expuso las razones por las cuales creía necesario el aplazamiento de la audiencia de adjudicación.
“Como le había comunicado de manera verbal, reitero mi posición sobre la necesidad de mover los cronogramas de adjudicaciones de esta semana, en especial el del canal del Dique”, dice la misiva.
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En ella, Cardona expuso que el proyecto está bien estructurado y cumple con todos los requisitos legales, sin embargo resaltó algunas situaciones que en su concepto ameritaban el aplazamiento.
“En materia de estructuración y licitación, el proyecto ha cumplido a cabalidad con todos los requisitos -e incluso más- al ser el único proyecto APP que sale a licitación con diseños fase 3 e instrumento ambiental aprobado. Sin embargo, como responsable del proceso y ordenadora del gasto, debo ver todos los elementos y situaciones que rodean el proceso y que ameritan que el cronograma se mueva un par de semanas”, dijo.
Entre esas razones están principalmente la oposición al proyecto por parte de las comunidades y la carta firmada por los congresistas y el equipo del empalme pidiendo no adjudicar el proyecto en este gobierno.
También, las alertas emitidas por la Contraloría General de la República sobre la firma Sacyr, que figura como único proponente el proceso y fue sancionada en España.
Y por último, las comunicaciones de la Procuraduría, la Defensoría y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) donde piden realizar una audiencia o socialización del proyecto.
“Si bien mi recomendación sigue siendo adjudicar el proyecto dada la robustez de su estructuración, eso no implica que tenga que ser el 4 de agosto, con una marcada oposición a dicha actuación por parte nuestra. Por esta razón, creo que es necesario mover el cronograma actual y con ello, dar lugar a una mayor explicación técnica a quienes estarán en el sector por los próximos cuatro años, quienes finalmente tendrán la responsabilidad de firmar el contrato y sacar el proyecto adelante”, manifestó Cardona en la carta.
La exfuncionaria resaltó la importancia del proyecto para evitar futuras catástrofes e inundaciones en las poblaciones ribereñas y dijo que hay que explicarle al próximo gobierno como el contrato, de la manera en cómo está estructurado, contempla diferentes mecanismos para cubrir los riesgos que puedan surgir en materia ambiental y social.
“Me parece que es lo más correcto y delicado que podemos hacer como técnicos, porque como siempre hemos dicho, los proyectos no son de un periodo presidencial sino de largo aliento”, finalizó Cardona.
Cabe anotar que la funcionaria llevaba once años trabajando en la ANI.
El megaproyecto de “Restauración de los Ecosistemas Degradados del Canal del Dique” contempla una inversión de $3 billones y consiste en la construcción de dos sistemas de esclusas en las poblaciones de Calamar y Puerto Badel, compuertas en Calamar; y obras de interconexión entre las ciénagas del área de influencia del canal del Dique.
Estos trabajos prometen controlar las inundaciones en las poblaciones ribereñas, los sedimentos que tienden a opacar el carácter cristalino de la bahía de Cartagena y ayudar a mejorar la navegabilidad del canal.
El contrato de concesión será otorgado por un plazo total de 15 años, en los cuales habrá año y medio para la etapa de preconstrucción, 4 años y 3 meses para la construcción de las unidades funcionales, y 9 años y 4 meses para las actividades de operación y mantenimiento.
De este proyecto se beneficiarían municipios de Bolívar, Atlántico y Sucre.
