La mitad de mi vida se fue allí y eso nunca lo voy a poder superar. Perdí al papá de mis hijos, a mis dos hijos criados y mi hija quedó viuda con sus dos hijitos”.
Un día como hoy, hace tres años, Magalis Madero sufrió un duro golpe que seguramente cargará en su corazón hasta el fin de sus días. El 27 de abril del 2017, su esposo Rafael Mendoza Díaz, sus hijos Over Doney Pastrana Yánez y José David Pastrana Yánez, de 21 y 18 años; y su yerno Wilmar Tirado Paternina, quien tenía 33, perecieron por culpa de un entramado de corrupción que ramificó una serie de construcciones ilegales en la ciudad.
Ellos hicieron parte de las 21 personas que murieron en el desplome del edificio Portales de Blas de Lezo, propiedad de Wilfran Quiroz. Esa tragedia también dejó 22 personas heridas.
“Otra cosa fuera si tuviera a mi marido aquí, a mis hijos, eran mi sostén. Muertos quedaron y no ha pasado nada, no hemos recibido ayudas”, indicó Magalis Madero.
Y es que, precisamente, muchas de las personas que murieron en la fatídica mañana de ese 27 de abril eran las cabezas de sus hogares, quienes llevaban el pan a sus mesas.
Testigos del hecho e indagaciones de las autoridades dejaron ver que en la construcción del Portales de Blas de Lezo hubo una serie de irregularidades.
Vecinos se quejaban porque durante la construcción del edificio de seis pisos, restos de piedras y concreto caían en sus casas. De igual forma, trabajadores señalaron en su momento que no contaban con elementos de seguridad necesarios, ni con una ARL.
Así mismo, uno de los estudios, a cargo de la Universidad de Cartagena, dejó ver que para la construcción de la estructura desplomada no se utilizó la cantidad de materiales requeridos y que las mezclas no daban la consistencia necesaria para la edificación, sobre todo para las columnas. Así mismo, que de cada ocho varillas que se necesitaban para un trabajo, solo se utilizaban tres. Expertos indicaron en su momento que las columnas no tenían las toneladas requeridas para una estructura de seis pisos, que se construyó en menos de cinco meses.
Obreros señalaron que días antes del desplome hubo una lluvia y posteriormente una columna se rajó. El día del hecho, apareció otra gran raja en una de las columnas principales y obreros se dieron cuenta de ello. Aunque temerosos, siguieron trabajando, hasta que en la ciudad corrió rápidamente la noticia de que el edificio Portales de Blas de Lezo se había desplomado.
Tras la tragedia, son varios los procesos que se han abierto. Uno de ellos disciplinario, contra Manolo Duque, quien era el alcalde de Cartagena cuando ocurrió el desplome. Este fue suspendido por tres meses por la Procuraduría, tras presuntas omisiones a la hora de ejercer control sobre la actividad de urbanización en la ciudad. (Lea: Procuraduría suspende a Manolo Duque)
Tras una investigación de la Fiscalía, fueron capturados unas semanas después del desplome, Wilfran Quiroz, su hijo Luis David Quiroz, el maestro de obras Luis Agresor, el inspector de la Comuna 12, Alfonso Ramos, y el entonces jefe de la Oficina de Control Urbano del Distrito, Olimpo Vergara.
Wilfran aceptó el cargo de urbanización ilegal y fue condenado a 48 meses, en prisión domiciliaria. Los demás cargos, de homicidio culposo y lesiones culposas, así como de uso de documento público falso no los aceptó. Los demás investigados tampoco. Este proceso penal aún no termina y los procesados lo enfrentan en libertad. (Lea: Descontento por condena contra Wilfran Quiroz)
De otro lado, están los procesos disciplinarios y administrativos que se surten al mismo tiempo. Didier Pizza, abogado administrativista, a cargo de defender los derechos de 5 de las víctimas mortales y 7 heridos, señaló que el proceso administrativo es complejo y extenso, porque se deben surtir varias etapas.
A nombre de sus clientes interpuso una demanda administrativa y de responsabilidad contra el Distrito y contra Wilfran Quiroz.
“Consideramos que la responsabilidad es compartida, pero es más responsabilidad el Distrito, porque de hecho existe una sanción disciplinaria contra funcionarios por parte de la Procuraduría porque hubo una urbanización ilegal y a raíz de eso se cayó el edificio. Demandamos al Distrito y Wilfran, ellos presentaron conciliación. Se está a la espera de que se fije fecha para la primera audiencia de conciliación. Luego viene la audiencia de pruebas y finalmente el fallo”, explica Pizza.
El jurista estima que el proceso administrativo terminará en unos tres años, pues luego que se profiera el fallo seguramente será impugnado y el proceso pasará al Tribunal Superior de Bolívar, donde empezará otro proceso.