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¿La luz vendrá más cara ante propuesta del Gobierno sobre subsidios?

La Liga Nacional de Usuarios de Servicios Públicos del Caribe lanzó una dura advertencia sobre un artículo del Plan Nacional de Desarrollo que propone Petro.

Los subsidios para las clases menos favorecidas son un mecanismo que se viene implementando en Colombia desde hace mucho tiempo. Este tipo de beneficios se pueden dar de diferentes maneras y según la necesidad de la población vulnerable. Lea: Críticas a borrador de decreto para la regulación de las tarifas de la luz

No obstante, el Artículo 108 del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2022 - 2024, estaría golpeando a los estratos 1, 2 y 3, que según la Liga Nacional de Usuarios de Servicios Públicos en la Región Caribe, representa más del 80% de los colombianos. También le puede interesar: Recibos de luz: la propuesta que alegraría a los estratos 1 y 2

“En primer lugar, este artículo habla de reasignar subsidio en el servicio eléctrico a los estratos 1, 2 y 3, para focalizarlos más. Esto está en consonancia con lo que viene pregonando el Banco Mundial hace años: que hay que focalizar los subsidios, para reducirlos y que el gobierno tenga más recursos para pagar la deuda pública, que ya se está volviendo impagable”, dijo Norman Alarcón, coordinador de la liga.

Y continuó: “Ahora bien, los subsidios en el servicio eléctrico son para el estrato 1, hasta el 60%; estrato 2, hasta 50% y estrato 3 el 15%, hasta un consumo de subsistencia de 173 kilovatios en la región de la Costa Caribe. Lo que se pase de ese tope, le toca al usuario pagar tarifa plena de estrato cuatro, sin ningún subsidio”.

De acuerdo a Alarcón, el primer golpe es la reasignación para focalizar, lo que para él se traduce en “reducir”. “Luego vendrá el llamado Registro Universal de Ingresos para toda la población y que va a reemplazar la estratificación socioeconómica, que podría agravar la situación”, agregó.

Explicó que el segundo golpe está en que esa reasignación se basa en la infraestructura de Medición Avanzada (AMI), conocida como la medición inteligente, “la cual es demasiado sofisticada, innecesaria para la gran mayoría de usuarios y un nuevo factor de aumento de las tarifas, ya que este tipo de medición requiere una empresa distinta a los operadores de red, como AIR-E y Afinia, que será pagada por los usuarios vía tarifas”.

Recordó que se debe tener en cuenta que actualmente existe un Fondo de Redistribución de Ingresos para pagar estos subsidios que provienen de una sobretasa o contribución del 20% sobre el consumo de energía que pagan los estratos 5 y 6 y el sector comercial.

“Cuando no alcanzan estos recursos, lo que ocurre siempre, entonces los pagamos todos los colombianos a través del Presupuesto General de la Nación (PGN) que sale de los impuestos que todos pagamos, principalmente la población que está en crisis económica y social con impuestos tan regresivos como el IVA”, añadió.

Y resaltó: “Es decir, que el golpe es por partida triple: recorte de subsidios, aumento de tarifas vía medición inteligente AMI y los faltantes los ponemos todos los estratos que contribuimos al presupuesto nacional con los impuestos”.

A nivel nacional

Javier Gaviria Betancur, presidente de la Liga Nacional de Usuarios advirtió que el PND prolonga “la crisis de los usuarios de servicios públicos domiciliarios”.

“Se deben derogar las normas especiales que fijan tarifas peores de caras para la Costa Caribe, mejorar las unidades de medida de los consumos subsidiados por el Estado a los estratos pobres, y extenderlos a toda la población que los requiere”, indicó.

Cuestionó la propuesta de reasignación de subsidios bajó la implementación de metodologías focalizadas: “El Gobierno nacional determinará el plazo en el que el Registro Universal de Ingresos (RUI ) será el único instrumento de focalización de los subsidios. La Unidad de Planeación Minero Energética (UPME) en un plazo no mayor a un año deberá efectuar los estudios para modificar el consumo básico de subsistencia”.

Explicó que el país está “frente a un nuevo Plan Nacional de Desarrollo que hace causa común con los Planes de Desarrollo de los gobiernos nacionales que desde 1991 se han expedido en defensa del modelo de prestación de servicios públicos domiciliarios, fundado en el reconocimiento de altas tasas de rentabilidad para los inversionistas, especialmente extranjeros, y en la merma o eliminación de los escasos derechos que aún quedan a los usuarios”.

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