La Sección de Primera Instancia para Casos de Ausencia de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad (SAR) le pidió a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) “proteger los derechos de las víctimas” del conflicto en la subregión del Dique. La empresa contratista encargada de la ejecución de las obras, que aún no han sido adjudicadas, deberá participar en una audiencia pública en la que se adoptarán lineamientos que tendrán que obedecer si se llegan a hallar restos de desaparecidos.
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La audiencia se realizará en Cartagena el 21 y 22 de octubre. En el encuentro se establecerán las reglas, adopción de unos protocolos técnicos encaminados a asegurar la búsqueda, recuperación, identificación y entrega digna a sus familiares de los cuerpos de las víctimas desaparecidas a lo largo del referido cuerpo de agua. (También le puede interesar: JEP ordenó medidas preventivas por obras del canal del Dique)
La decisión de la SAR se toma en el curso del trámite de unas medidas cautelares sobre el canal del Dique, lugar en el que, según un estudio del Grupo de Análisis de la Información (GRAI), habrían ocurrido, aproximadamente, unas 9.638 desapariciones forzadas, entre 1991 y 2015.
Adil Meléndez, miembro del colectivo de abogados Justicia y Derecho y de la ruta del Cimarronaje, se refirió al la medida cautelar emitida por la JEP. Aseguró que la determinación no resuelve a cabalidad la petición presentada por la Ruta del Cimarronaje. “Le medida solicitada al sistema transicional de justicia tiene su sustento legal en los derechos fundamentales de las víctimas y al cumplimiento de los estándares internacionales”, dijo Meléndez.
Y continuó: “Tal como lo dijimos en 2006, el canal del Dique fue el cementerio más grande en el Caribe. La decisión de la JEP, en mi opinión, no resuelve en un todo la petición que oportunamente presentamos con la Ruta del Cimarronaje y donde exigíamos la suspensión de la licitación porque no hay un protocolo de inhumación y se pondría en riesgo los cadáveres que pueden estar en el cuerpo de agua. Este debe adaptarse antes de la licitación”.
El año pasado el padre Francisco De Roux, presidente de la Comisión de la Verdad, aseguró que el canal del Dique era “un cementerio de dolor” y que dentro de sus aguas reposaban miles de cuerpos.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ordenó el mes pasado medidas preventivas por las obras que se realizarían en el canal del Dique. Ese mismo organismo le pidió a la Corporación Autónoma Regional del Río Grande de la Magdalena (Cormagdalena) informar a la Unidad de Búsqueda (UBPD) los lugares donde se realizarán las intervenciones y dragados, por la emergencia invernal que atravesaban los municipios del sur del Atlántico.
En ese entonces la JEP le ordenó a dicha entidad que implementara preventivamente un protocolo forense durante las intervenciones. Estas medidas se desprendían de la solicitud de medida cautelar solicitada por la Ruta del Cimarronaje en el Caribe.
A finales de noviembre de 2021, la Comisión de la Verdad, a través de la Ruta del Cimarronaje, hizo un recorrido por el canal del Dique, que tuvo la participación de víctimas de la violencia y sus victimarios. En ese encuentro los diferentes actores del conflicto contaron sus historias con el propósito de lograr la paz interna y la reconciliación.
