En 2011 el Consejo de Estado ratificó una sentencia de segunda instancia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en la cual se ordenó la elaboración de un Modelo de Desarrollo Sostenible para las Islas del Rosario y el archipiélago de San Bernardo, cuyos consejos comunitarios instauraron una acción popular en 2003 ante el crecimiento desmedido del turismo y la amenaza que esto suponía para el ecosistema en materia ambiental.
“El área del archipiélago, debido a sus condiciones favorables para el desarrollo de infraestructura turística y recreacional, y a la omisión del Estado en cumplimiento de la normativa ambiental, ha sido objeto de un severo impacto por las ocupaciones indebidas que modificaron el paisaje natural, las construcciones ilegales, la tala de los manglares, la descarga de sedimentos al agua, el turismo masivo y la pesca indiscriminada”, dijo el alto tribunal en la sentencia.
Por este motivo también pidió que se hiciera un Plan de Manejo del Área Marina y ordenó acciones concretas para controlar la contaminación, la sobreexplotación de los recursos y la utilización de métodos de aprovechamiento que dañan la estructura de los ecosistemas.
Pero diez años han pasado desde ese fallo y en realidad es poco lo que se ha hecho, pues los habitantes afirman que siguen conviviendo con las mismas problemáticas.
“De manera progresiva se ha venido incrementando la presencia de lanchas de recreo que salen de las marinas privadas de Cartagena y del muelle turístico La Bodeguita sin ningún tipo de control, capacitación o reglamentación, causando serias afectaciones por contaminación de basuras, plásticos y latas que son arrojados desde las lanchas; por contaminación de ruido, porque cada lancha lleva su música a todo volumen; y afectación a los fondos del arrecife y pastos marinos por el anclaje irresponsable de las lanchas”, denunció Dayana Medrano, representante del Consejo Comunitario de las Islas del Rosario.
Igualmente, Yerlis Berrío, representante del Consejo Comunitario del archipiélago de San Bernardo, expresó que las afectaciones continúan.
“Denunciamos enérgicamente la desprotección que están sufriendo las islas Múcura y Tintipán con ocasión a la deforestación y la tala indiscriminada de mangle con fines de explotación turística. Así mismo, existen terceros ocupantes de las islas que están realizando actividades intensivas de construcción sin contar con las debidas licencias ambientales y abusando del derecho que tienen como ocupantes para causar afectaciones”, dijo.
Ambos consejos coinciden en que ha faltado autoridad para contener la situación, a tal punto que la problemática ha seguido creciendo con el tiempo.
La procuradora delegada para asuntos ambientales y agrarios, Olga Patin Cure, quien también dirige el comité de vigilancia que debe verificar el cumplimiento de la sentencia, expresó su preocupación en un informe enviado al Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
“La situación ambiental de ocupación ilegal de baldíos y zonas de bajamar, de manejo de vertimientos y de residuos sólidos, y demás circunstancias evidenciadas en el fallo hace más de 10 años, continúan sin atenderse de manera adecuada por parte de las autoridades, lo que ha permitido que los ecosistemas que se intentaron proteger con la decisión judicial se sigan deteriorando”.
Patin Cure manifestó que la Alcaldía de Cartagena no dio respuesta a los requerimientos hechos para verificar sus acciones, incluso cuando presentaron una acción de tutela para tal fin.
“De acuerdo a lo informado por la Agencia Nacional de Tierras (ANT), se han reportado invasiones de baldíos y construcciones sin permisos ante las inspecciones de policía correspondientes; además, la Dimar ha reportado ocupaciones indebidas en zonas de bajamar en el archipiélago, que deben ser atendidas por la Alcaldía de la Localidad 1, pero tampoco se conoce si dicha dependencia distrital ha avanzado en estos procesos policivos”.
Añadió que con respecto al manejo de residuos sólidos “también se evidencia una omisión grave que permite que los recursos naturales se sigan degradando”.
Ante esta realidad, la Procuraduría invitó al alcalde de Cartagena, William Dau, a una reunión mañana 24 de agosto para definir un plan de acción que establezca acciones urgentes para cumplir el fallo.
“Además de su presencia, que solicitamos no se delegue en otro funcionario, consideramos necesario que asistan a la reunión el secretario General, el secretario de Planeación, el funcionario que coordine los temas policivos y la actuación de los inspectores, y el alcalde de la Localidad 1 del Distrito de Cartagena”, expresó el ente de control en su oficio al alcalde. Con esto se espera que por fin el Distrito comience a cumplir su rol dentro de la sentencia y las comunidades puedan sentir el apoyo de la autoridad para buscar soluciones a sus problemáticas.
