Las últimas tres semanas han sido preocupantes para estudiantes, docentes, directivos y padres de familia de las instituciones educativas oficiales del Distrito. El pasado 21 de febrero el contrato de vigilancia se venció y desde entonces los colegios se encuentran desprotegidos.
La situación, sumada también al vencimiento del contrato de aseo, provocó una serie de protestas por parte de las diferentes comunidades educativas, que se unieron para exigir al Distrito celeridad en los procesos de contratación, ya que frente a esta contingencia muchos colegios cancelaron sus clases.
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A pesar de esto, la rueda de negocios para elegir al nuevo operador de vigilancia apenas se llevará a cabo hoy, 13 de marzo, a través de la Bolsa Mercantil de Colombia (BMC). Este proceso tiene un valor de $56 mil millones. En caso de que efectivamente se seleccione un operador, este comenzaría a prestar sus servicios desde el lunes 20 de marzo.
Mientras tanto, lo que la Alcaldía ha hecho para intentar solucionar la falta de vigilantes en los colegios es contratar personas por Órdenes de Prestación de Servicios (OPS). Así mismo, dijeron que avanzan en la instalación de cámaras de seguridad.
¿Por qué el retraso?
Desde Funcicar cuestionaron que el Distrito no tuviera listos los contratos de aseo y vigilancia con los nuevos operadores teniendo en cuenta que contaban con la aprobación de vigencias futuras por parte del Concejo para garantizar la prestación del servicio.
“Estas vigencias facultaban a la Alcaldía a extender la ejecución de los contratos ya existentes, sin embargo los retrasos en la contratación de estos servicios afectaron el inicio del calendario escolar de algunas instituciones educativas”, explicó Funcicar.
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Ante este tipo de cuestionamientos y las protestas por parte de las comunidades educativas, la respuesta que dio el alcalde William Dau fue que el proceso se retrasó para evitar un posible caso de corrupción con la firma del contrato.
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“Tuve que elegir entre la vigilancia permanente sin suspensión del servicio o tragarme un sapo de la corrupción. Paramos el contrato que estaba listo para firma porque estaba lleno de corrupción y empezamos uno nuevo. La gente tiene derecho a protestar porque los ha afectado y eso se hubiese evitado si yo firmo eso, pero iría en contravía de nuestros principios porque todo estaba amañado para que una firma particular, con requisitos diseñados para que solo esa empresa los cumpliera, ganara la licitación de $56 mil millones”, dijo Dau.
