La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) realizará una audiencia pública sobre el canal del Dique en el marco del estudio de las medidas cautelares restaurativas que realiza la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad. (Lea: JEP ordenó medidas preventivas por obras del canal del Dique)
La diligencia se llevará a cabo este 20 y 21 de octubre en el Teatro Adolfo Mejía de Cartagena, a partir de las 9 de la mañana. En el encuentro se establecerán las reglas, adopción de unos protocolos técnicos encaminados a asegurar la búsqueda, recuperación, identificación y entrega digna a sus familiares de los cuerpos de las víctimas desaparecidas a lo largo del referido cuerpo de agua. (También le puede interesar: JEP convoca a audiencia por desaparecidos en zona del Canal del Dique)
La audiencia promoverá un diálogo técnico e informado entre las comunidades solicitantes, las entidades nacionales y departamentales involucradas en la realización del megaproyecto de restauración del canal del Dique, expertos en temas ambientales y étnicos, la JEP y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD).
En el encuentro la JEP busca garantizar la participación de las víctimas y de sus familiares en el proceso judicial, teniendo en cuenta que en noviembre de 2021, el padre Francisco De Roux, presidente de la Comisión de la Verdad, aseguró que el canal del Dique era “un cementerio de dolor” y que dentro de sus aguas reposaban miles de cuerpos que fueron vilmente asesinados y arrojados con sevicia en ese afluente.
También se le solicitó a la Corporación Autónoma Regional del río grande de la Magdalena (Cormagdalena) que informara a la Unidad de Búsqueda (UBPD) dónde se realizarán las labores de dragado en el departamento del Atlántico en el marco de la emergencia por temporada de lluvias. Esta solicitud fue elevada por el colectivo de víctimas ‘La Ruta del Cimarronaje’.
En agosto, la Sección de Primera Instancia para Casos de Ausencia de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad (SAR) le pidió a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) “proteger los derechos de las víctimas” del conflicto en la subregión del Dique.