La semana pasada la Procuraduría General de la Nación (PGN) le solicitó a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) realizar con urgencia mesas de socialización con las comunidades que serán impactadas por el macroproyecto del canal del Dique. En dicha solicitud el Ministerio Público señaló que después de dos reuniones, realizadas el 24 y 25 de marzo, los habitantes del área de influencia manifestaron de manera repetitiva que este proyecto no había sido socializado y que desconocían los impactos a nivel ambiental y social.
En el encuentro, al que no asistió la ANI, líderes sociales denunciaron que algunas consultas previas fueron realizadas con juntas provisionales de los consejos comunitarios, sin la representación legal adecuada, por lo que solicitan al Ministerio del Interior realizar la revisión de la legalidad de las mismas.
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Estas comunidades piden explicación sobre las medidas de mitigación y prevención que se tienen contempladas frente a futuras sedimentaciones, sobre el manejo de las compuertas de Calamar y su impacto; qué va a pasar con los ecosistemas y cómo se garantizará el acceso al agua a las comunidades del canal. Habitantes de San Basilio de Palenque piden que la ANI haga una consulta previa en esta comunidad.
Por su parte, la ANI le dijo a El Universal que en el marco de la estructuración del proyecto “Restauración de Ecosistemas Degradados del Canal del Dique” se realizaron varias reuniones. “El 13 de diciembre de 2019 se realizó una reunión en Calamar, a la que asistieron líderes de Santa Lucía, San Cristóbal, Higueretal, Manatí, Las Compuertas, Repelón, Arroyo Hondo, Campo de la Cruz, Calamar y Hato Viejo. El día siguiente continuamos en Arjona. Allí estuvieron presentes líderes de Puerto Badel, Gambote, Rocha, Mahates, Gamero, Evitar, Soplaviento y Las Piedras”, informó la ANI.
La entidad reiteró que no solo han realizado acercamientos y socializaciones con las comunidades y entes de control, sino con autoridades ambientales y partes interesadas encabezadas por la Cámara de Comercio de Cartagena.
En dichos espacios no solo se ha dado a conocer el proyecto, sino que se han abierto escenarios de interacción e intercambio de conocimiento entorno a la construcción, operación e impactos y medidas que se implementarán una vez se haya adjudicado. La ANI destacó que en los estudios del proyecto, elaborados por el Consorcio Dique (conformado por las empresas Royal HaskoningDHV y Gómez Cajiao), a través de un contrato suscrito entre el Fondo Adaptación y Consorcio Dique, se adelantaron talleres de seguimiento municipal (más de 100 reuniones en total), los cuales contaron con la participación de instituciones del orden territorial y comunidades, dentro del abordaje de la gestión social participativa del proyecto a lo largo del área de influencia del mismo.
“A estas actividades se suman a los procesos de consultas previas que se surtieron con 16 comunidades en áreas de influencia del proyecto y de los cuales se realizó su respectiva protocolización. En un principio solicitamos al Ministerio del Interior -Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa (DANCP)- certificar la procedencia o no de las consultas previas con comunidades étnicas en el área de influencia del proyecto, resolviéndose, inicialmente, la procedencia de la consulta previa con trece consejos comunitarios de comunidades negras y una comunidad indígena, para un total de catorce comunidades étnicas sujetas del derecho del mecanismo de participación de la consulta previa”, añadió la ANI.
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Adicionalmente, y en virtud de dos fallos de tutela proferidos en segunda instancia por el Tribunal Superior de Cartagena y el Tribunal Administrativo de Bolívar, respectivamente, la agencia debió garantizar el derecho fundamental a la consulta previa de las comunidades indígenas La Pista y Pasacaballos, lo que implicó adelantar un total de 16 consultas previas.
