Mañana 5 de agosto será un día decisivo para el futuro del megaproyecto de “Restauración de Ecosistemas Degradados del Canal del Dique”, pues será la audiencia de adjudicación en la que se definirá si la firma española Sacyr ejecutará las obras o si por el contrario, el proceso será declarado fallido.
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La vicepresidenta de la República, Marta Lucía Ramírez, quien ha seguido de cerca todo el proceso, defendió la adjudicación del proyecto, teniendo en cuenta, principalmente, su valor ambiental.
“Creo que ese es un proyecto demasiado importante que se debe adjudicar porque tiene un impacto ambiental, económico y social muy favorable para las 20 poblaciones ribereñas del canal del Dique, que representan 1.5 millones de personas”, manifestó.
Ramírez recordó las inundaciones que hace años sufrieron estas comunidades por cuenta del canal y es por ello que asegura que estas obras son necesarias, principalmente para “prevenir el sufrimiento de la gente más pobre de Colombia”.
Sobre la controversia que recientemente se ha generado alrededor del proyecto, Ramírez puntualizó que hay intereses para que las obras no se ejecuten.
“Estos ataques al canal del Dique no son por falta de consultas, el presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura, Manuel Felipe Gutiérrez, hizo 16, lo que pasa es que hay gente interesada en que no se hagan esas obras, gente que quiere seguir dragando el río todos los años porque obviamente esto les genera unos contratos multimillonarios”, dijo.
Y finalizó: “Lo importante es la solución de fondo: tener un sistema de esclusas, tener al río sin esa sedimentación y evitar todo ese daño que se está haciendo a la bahía de Cartagena y al coral de las Islas del Rosario que se ha ido muriendo ante la falta de esas obras”.
El megaproyecto de “Restauración de los Ecosistemas Degradados del Canal del Dique” contempla una inversión de $3 billones y consiste en la construcción de dos sistemas de esclusas en las poblaciones de Calamar y Puerto Badel, compuertas en Calamar; y obras de interconexión entre las ciénagas del área de influencia del canal del Dique.
Estos trabajos prometen controlar las inundaciones en las poblaciones ribereñas, los sedimentos que tienden a opacar el carácter cristalino de la bahía de Cartagena y ayudar a mejorar la navegabilidad del canal, dinamizando la economía que se mueve a través de él.
El contrato de concesión será otorgado por un plazo total de 15 años, en los cuales habrá año y medio para la etapa de preconstrucción, 4 años y 3 meses para la construcción de las unidades funcionales, y 9 años y 4 meses para las actividades de operación y mantenimiento.
De este proyecto se beneficiarían municipios de Bolívar, Atlántico y Sucre.