Los representantes legales de la Clínica La Ermita, en el barrio Pie de La Popa, desde hace unos años vienen afrontando denuncias por supuestas afectaciones a vecinos, debido a unas construcciones que se adelantaron en este centro asistencial de Cartagena, con miras de ampliar sus servicios asistenciales.
Las denuncias estaban, supuestamente, sustentadas como daño en bien ajeno y de urbanización ilegal, por presuntos daños estructurales a una vivienda vecina de la edificación.
Lo último que se conoce de este caso es que la Fiscal 48 de Cartagena, Andrea Del Pilar Castellano, tuvo que retirar el cargo por el presunto delito de ‘urbanización ilegal’, pues de acuerdo con los señores Joaquín Piñeros Castillo y Saíd Donado Santiago –representantes de la IPS–, la funcionaria no tuvo como sustentar esa tesis. En este hecho están implicados Jeison Acuña y Jazmín Cortecero, quienes supuestamente habrían sido afectados.
Lo que explican los empresarios de la salud es que la sola “obtención de la licencia urbanística y su contenido no merecen reproche penal alguno a la luz de la descripción de la conducta de ‘urbanización Ilegal’, pues si el ciudadano interesado acudió a los conductos previstos por la ley y la obtiene, cómo se le pretende presentar su conducta como ilegal o criminal”, se lee en un comunicado.
Por ese proceder de la Fiscal 48, los representantes legales de la Clínica La Ermita presentaron una queja ante el fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa, y el Consejo Superior de la Judicatura, considerando que existe una supuesta persecución en contra de ellos.
Piñeros Castillo, representante de la clínica, explicó en un documento que el 30 de octubre de 2020, fue citado a las 4 de la tarde para audiencia de imputación y medida de aseguramiento en su contra. A esa citación no pudo asistir por motivos de salud, pero sí asistió su esposa Sidis Donado Santiago, para afrontar las denuncias de daño en bien ajeno y de urbanización ilegal. Esto por las supuestas afectaciones estructurales de una vivienda aledaña al inmueble.
“Cómo es posible que trate de imputar un daño en bien ajeno, cuando el delito es querellable y doloso. Cómo se le ocurre que construimos una clínica para dañar una casa. Este delito no nace a luz jurídica de manera culposa. No entendemos por qué no rechaza de plano seguir el proceso en relación al ‘daño en bien ajeno’” expresó Piñeros.
