El pasado 17 de mayo, Celia Concepción Meza Soto, quien vivía en el barrio San José de Los Campanos, falleció tras haber sido baleada por su expareja el año pasado. Los hechos sucedieron exactamente el 28 de mayo de 2022, cuando el feminicida le disparó en la cabeza y posteriormente se suicidó. Celia sobrevivió al atentado, sin embargo nunca logró recuperarse en su totalidad.
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Este caso pasa a engrosar las cifras de feminicidio en Cartagena, donde este año también se conoció el caso de Yared Pomares, una joven de 24 años que murió el 16 enero tras haber sido atacada por su pareja. En su caso, el agresor se entregó a las autoridades semanas después del hecho, aunque no aceptó el delito de feminicidio agravado que fue imputado por la Fiscalía. A pesar de eso, fue asegurado en la cárcel de Ternera.
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Según la Dirección Seccional de Fiscalías Bolívar, en este 2023 se han registrado tres feminicidios en el departamento, además, aseguraron que en 2022 se registraron siete y en 2021, tres.
Y es que en estos momentos el panorama de violencia contra las mujeres en la ciudad no es alentador. De acuerdo con el Instituto Nacional de Medicina Legal, entre enero y marzo de este año, 215 mujeres han sido víctimas de violencia interpersonal; 181 de violencia de pareja; 96 de presuntos delitos sexuales y 54 víctimas de violencia entre otros familiares.
Estas cifras muestran una alerta con respecto al riesgo que hoy corren muchas mujeres de ser víctimas de feminicidio, el cual es considerado como la máxima expresión de la violencia basada en género.
Reconocer el delito
En Cartagena, durante este 2023 han asesinado a once mujeres, sin embargo la mayoría de los casos no son procesados como feminicidios al ser asociados a sicariatos o riñas. Cabe anotar que según el Código Penal, el delito de feminicidio se configura cuando alguien le causa la muerte a una mujer por su condición de ser mujer o por motivos de su identidad de género.
En este sentido, Rubiela Valderrama, quien hace parte de la Red de Empoderamiento de Mujeres de Cartagena y Bolívar, resaltó que es importante que las investigaciones por parte de las autoridades puedan clarificar si los asesinatos contra mujeres en la ciudad se pueden catalogar como feminicidios, ya que este delito tiene unas implicaciones diferentes en comparación al homicidio. De hecho, la condena por feminicidio oscila entre los 250 y 500 meses de prisión.
“Para nosotras esto es importante porque se visibiliza que se está atentando contra los derechos de las mujeres y así el caso no queda como un homicidio más en el marco de la ola sicarial que existe. Es así que de manera muy clara podemos trabajar en la prevención de estos delitos”, afirmó Valderrama.
Valderrama asegura que es clave trabajar en la transformación de los imaginarios culturales que sustentan la violencia, con el fin de erradicar el feminicidio y cualquier otra forma de atentar contra la vida y los derechos de las mujeres.
El enfoque preventivo
Para Mercedes García Escallón, quien es psicóloga y magíster en violencia de género, el hecho de que exista el feminicidio como delito por sí solo no resuelve el problema de violencia, pues a pesar de que se aumentaron las penas siguen existiendo víctimas.
“El énfasis tiene que ser más sobre la prevención y esa prevención tiene que ser desde la primera infancia. En todos los escenarios se construyen agresores de género cuando invisibilizamos los factores de riesgo. ¿Por qué una persona asesina a su esposa porque cree que es suya? Hay que tratar el origen del problema”, explica García Escallón.
Desde su perspectiva, más que buscar entonces la prevención al feminicidio, se debe procurar la prevención de la violencia. Entre los factores de riesgo que identifica la psicóloga están personas con actitudes y pensamientos de devaluación de la mujer, personas altamente controladoras, celosas y posesivas, con rasgos narcisistas y egocéntricos.
“Modificar las arraigadas creencias que subyacen al acto criminal implica renunciar a los aprendizajes que se erigen alrededor del control, la misoginia, la opresión y la desigualdad de poderes y este ejercicio se construye a diario en la cotidianidad”, indicó.
Además de esto, resaltó la importancia de que desde el Estado se brinden los mecanismos efectivos de protección a las mujeres. “No basta con reconocer estos signos e identificar que se está en una relación potencialmente violenta, o conviviendo con un agresor y posible feminicida. Es necesario que existan los mecanismos de protección adecuados, eficaces y suficientes para las víctimas que denuncian, así como un sistema de justicia capaz de proteger a otras posibles víctimas y que blinde a la sociedad de los actos crueles e inhumanos de personas con antecedentes delictivos”, puntualizó.
¿Qué hace el Distrito?
La Oficina de Asuntos para la Mujer, adscrita a la Secretaría de Participación, reconoció que en Cartagena todos los meses se presentan denuncias relacionadas a la violencia de género, por lo cual “buscan fortalecer los mecanismos de atención y protección a las mujeres”.
En este sentido, apuntaron que están trabajando en la formulación de la política pública de mujeres y que acompañan a diferentes colectivos en instancias de participación y seguimiento para la salvaguarda de los derechos.
Además, afirmaron que desde el programa “Una vida libre de violencia”, desarrollan acciones de prevención como rutas de acceso a la justicia, talleres de emprendimiento para fomentar la autonomía económica y actividades relacionadas a la sensibilización sobre violencia basada en género. Igualmente, se realizan talleres en los colegios del Distrito relacionados a estos temas.
“Todo este panorama nos reta como administración para seguir trabajando en políticas públicas que busquen proteger, garantizar los derechos de la mujer y alcanzar la equidad de género”, puntualizó Gledis Salcedo, coordinadora de la Oficina de Asuntos para la Mujer.
La Policía Metropolitana de Cartagena lanzó la semana pasada la estrategia “Patrulla Púrpura”, de la cual hacen parte 397 uniformadas que atenderán casos de violencia contra las mujeres.
Desde la Policía reiteraron que las líneas habilitadas para estos casos son 155, 141 y 123, en las cuales se despliegan las rutas de atención inmediata a través de actividades de prevención, investigación criminal, monitoreo y seguimiento.
La estrategia busca contribuir a la mitigación de comportamientos violentos y delictivos, motivar a las víctimas a denunciar, investigar los delitos materializados y cumplir con la activación de rutas de prevención, atención y acceso a la justicia frente al abordaje de estos casos.
