Falta un poco más de un mes para la subasta de Electricaribe S.A., con la cual se espera que uno o dos nuevos operadores, locales o internacionales, reemplacen la maltrecha e intervenida compañía que hoy ofrece el servicio de electricidad en la región Caribe, y que durante los últimos años ha sido el blanco de críticas, quejas y millonarias deudas.
Ahora bien, pese a que el cronograma para hacer esta transacción fue cambiado, desde el Gobierno Nacional, la mirada es optimista para que en febrero, fecha en la que esta programada la subasta, se complete la operación y no se anuncie una nueva prórroga.
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Y sí, por el bien de todos ese debería ser el final de esta cruzada, refiere Javier Lastra, exagente interventor de Electricaribe, o de lo contrario la Nación no solo deberá seguir subsidiando una compañía que no va para ningún lado, sino que de paso deberá hacerle frente a los mercados difíciles (estratos más bajos ), ya que es allí donde se concentra gran parte de la cartera del operador y hace, en gran medida, que el negocio sea insostenible.
“Si no se presenta nadie a la subasta, el problema es de otro orden, el Estado tendría que seguir subsidiando la empresa y pensar en una política pública para la atención de mercados especiales o difíciles. Sería un problema estructural que a nadie en el mercado nacional o en el mundo este interesado en asumir la operación y la distribución de energía en al región, quiere decir que estructuralmente hay problemas, si a eso le adicionamos que ya han pasado cuatro privados y no ha funcionado el tema, la situación es más compleja”.
“Ahí sí el Gobierno tendría que seguir manteniendo la operación e ir diseñando; por eso hablo de abrir el debate, de buscar un política pública de cómo financiar mercados difíciles, porque no se le pude atribuir a un privado que asuma las veces de Sisben eléctrico, ningún privado va a subvencionar a la demanda o a los clientes, ese es un problema del Estado”, refiere Lastra.
Explica que el problema con este sector del mercado radica en que pese a que el estado subsidia hasta el 60% de su consumo, son pocos los que pagan el 40% restante del cobro, aunque reciben el servicio.
“A los estratos 1,2 y 3 el Estado les subsidia casi el 60% por cada 100 pesos, sin embargo, del 40% restante estos clientes pagan entre un 5 o máximo 10%, qué queda entonces, que aún subsidiándolos no pagan pero igual no se les corta el servicio, la energía se les entrega, esto lo que da como resultado son carteras altísimas ”.
Ahora, partiendo del hecho de que la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, anunció antes de prorrogar la subasta que son seis las empresas interesadas en adquirir el negocio y sumándole a esto las facilidades propuestas en el Plan Nacional de Desarrollo para que las compañías presenten sus estrategias, como la excepción de los inversionistas del pago de deudas y pasivo pensional, asegura Lastra que el negocio podría completarse sin problema.
“Desde ese escenario propuesto por el Nación de no heredarle deudas al inversionista, diría uno que pueden llegar uno o dos. Estamos muy cerca a la subasta, se esperaría que hayan interesados, algunas empresas que están visitando el cuarto de datos, que de acuerdo con la Superservicios son 6 interesados, lo que se espera es que alguno de ellos pueda presentar una oferta”.
En todo caso, precisó que el o los nuevos inversionistas que lleguen, de igual forma no deben perder de vista los mercados difíciles y por el contrario recomienda crear una estrategia para mejorar los recaudos, pues deben tener presente que aunque el Estado no les heredará las deudas, sí están obligados a invertir en mejorar las redes, controlar la pérdida de energía y los fraudes.
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“Ojalá se presente alguien, ojalá parezca interesante el negocio y se sepa cómo gestionar esos mercados difíciles, cómo lograr que la gente pague, mejorar el recaudo, la cartera. Si entra un inversionista el mercado no va a cambiar, y aunque la ley habla de unos subsidios, que suman unos $800 mil millones, que se están otorgando y que seguirán una vez llegue el privado, no se debe olvidar que este tendrá que hacer inversiones para mejorar redes, controlar la pérdida de energía, los fraudes y eso se hace con inversiones con medidores inteligentes, redes robustas”.
Finalmente Lastra, precisó que lo está en juego son las condiciones de vida cerca de 10 millones de habitantes y el desarrollo de una región, por tanto la solución que llegue debería ser certera y no un nuevo pañito de agua tibia.
“Al igual que muchos, cruzo los dedos para que se resuelva el problema, lo tuve durante dos años y entiendo la complejidad pero con recursos las condiciones son distintas, lo más importante es que con todo esto beneficie a la Costa, los clientes, los habitantes; estamos hablando de 10 millones de habitantes, estamos pensando en el desarrollo regional, de la industria y el turismo, y eso es lo que más nos preocupa. Ojalá el esquema empresarial que se monté sea una solución a largo plazo y no a corto, sería triste que a la vuelta de tres, cuanto o cinco años estuviéramos en la misma circunstancia, no tendría sentido”.
Es de resaltar que la subasta de Electricaribe estaba propuesta para diciembre de 2019, sin embargo, fue aplazada tras la caída de la Ley de Financiamiento, esto con el fin de darle mayor certeza jurídica a las empresas interesadas.
Pese a ello, mientras se hace realidad la llegada del nuevo operador recordemos que el Gobierno destinó $860 mil millones para el mejoramiento de redes y subestaciones de energía eléctrica en la Costa, de los cuales ya se ha invertido el 54% de esos recursos.
