Hace tres semanas, la Fiscalía General de la Nación dio a conocer la captura de un hombre señalado de depredar la ciénaga de La Virgen, uno de los cuerpos de agua más importantes de Cartagena.
Esta persona, según el ente acusador, haría parte de una red delincuencial que ha venido promoviendo la tala de mangles y el aprovechamiento de zonas de bajamar para realizar proyectos urbanísticos ilegales. Esto, arrojando toneladas de escombros y residuos de las construcciones de la ciudad a los cuerpos de agua.
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“Producto de esta actividad ilegal, la Fiscalía y las autoridades ambientales de Cartagena han detectado una grave afectación ambiental en los sectores de Puerto Rey, Villa Gloria y La Boquilla, entre otros, en donde se ha puesto en riesgo la conservación de las especies marinas, terrestres y aves que subsisten en estos ecosistemas”, explicó la Alcaldía a través de un comunicado.
Y es que el loteo en Cartagena se ha vuelto una práctica común, pues en la necesidad de vivienda de mucha gente, personas inescrupulosas ven la oportunidad para “lotear”.
Rafael Vergara, director del Ecobloque, la unidad interinstitucional que se formó con el propósito de combatir los delitos ambientales en el Distrito, lo explica de la siguiente manera: “El loteo es un método ilícito o irregular resultante de la invasión u ocupación de bienes públicos o privados, que desafiando las normas y la autoridad, cercan, delimitan y parcelan espacios para levantar viviendas o vender a terceros ajenos a ese territorio”.
Vergara aclara que estas personas pueden estar en condiciones de pobreza y buscan un techo para vivir, o personas que se organizan para talar, rellenar y vender lotes como negocio inmobiliario ilegal.
“En la zona suroriental los invasores se aprovechan de la necesidad, del desplazado, al que le venden hasta un cuadrado marcado en el agua que debe contribuir a rellenar”, anota.
Agrega que ante la crisis climática, el loteo también representa un problema grave porque al talar los manglares y rellenar, aumenta el riesgo de inundación.
Desde el año pasado, el Distrito decidió reactivar el Ecobloque como un modo de hacerle frente a esta situación. De este hacen parte entidades como la Alcaldía, el Establecimiento Público Ambiental (EPA), la Secretaría del Interior, la Capitanía de Puerto, la Policía, la Guardia Ambiental, la Armada, la Fiscalía, Espacio Público y las alcaldías locales.
“Su espíritu es el de unir competencias, fundamental para defender los bienes de uso público, las zonas de bajamar y el patrimonio natural”, explica Vergara.
De esta manera, el Ecobloque realiza patrullajes en el territorio con el objetivo de impedir que sigan comerciando los recursos de construcción y demolición (RCD) y que se usen para rellenar los cuerpos de agua.
Las intervenciones se han hecho en sitios como Marbella, La Popa, Olaya, el caño de Bazurto, La Boquilla, Villa Gloria, Tierrabaja, Puerto Rey y Punta Canoa.
Dentro de los hallazgos que ha hecho el Ecobloque en sus distintos operativos, algo que ha llamado la atención es que muchas de estas ocupaciones ilegales incluso cuentan con escrituras.
“No es dable que siga elevándose la posesión violenta de una invasión, el hecho ilegal o delictivo a escritura pública, que es lo que sucede cuando el solicitante declara una falsedad en la notaría y esta expide la escritura, sin reparar si está o no en zona de bajamar, a partir de la buena fe del declarante. Con la Capitanía nos hemos reunido con los notarios buscando una solución que involucra a la Dimar y la Superintendencia de Notariado”, dijo Vergara sobre el tema.
El también abogado destacó que estas escrituras dan pie a que el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) expida certificado catastral y nomenclatura a una posesión ilegal, a pesar de que tengan solicitud de restitución de parte de la Capitanía de Puerto.
Es la existencia de estos documentos los que entorpecen la labor del Ecobloque.
“Las dificultades existen porque en cualquier operativo la defensa puede ser algún documento de posesión de lo imposeíble, lo que conlleva a un proceso abreviado en la alcaldía local que retrasa la recuperación. Hay de todo: permisos de la Curaduría en zona de bajamar, edificios en La Boquilla, extranjeros con títulos de propiedad en Marlinda, ventas de Edurbe entre el verdor de los manglares de Juan Polo”, dice Vergara.
El caso más reciente se registró en un operativo realizado en Punta Canoa, donde incluso un juez concedió un amparo provisional a unos particulares contra la Capitanía de Puerto, impidiendo que el Ecobloque recuperara el bien de uso público, el cual es imprescriptible.
En lo corrido de la operación del Ecobloque, se han impuesto medidas preventivas y se han recuperado más de 10 mil m² en zonas de bajamar.
“Aunque hay sectores donde hemos frenado la continuidad de la invasión, falta consolidar más una presencia disuasiva y definir qué hacer en casos donde el tema social está de por medio”, dijo Vergara, por los casos donde quienes invaden son personas que no tienen dónde vivir.
Por otra parte, también aspiran a contar en la zona rural e insular de la ciudad con vigías permanentes que sirvan de enlace con la Policía Ambiental para informar sobre más casos que atenten contra el medio ambiente.
