El próximo martes 5 de septiembre se dará de lleno la discusión y aprobación del proyecto de ley 309 de 2023, con el cual se prohíbe en todo el territorio nacional el desarrollo de corridas de toros, así como de procedimientos que socaven la integridad de formas de vida no humana.
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Con la llegada de Gustavo Petro a la Presidencia de la República, el gremio de animalistas del país se aferró a que la mitigación de estos espacios violentos se diera. No obstante, en la actualidad manifiestan estar insatisfechos el tratamiento que se le ha dado a este tema.
Desde 2007 comenzó la eliminación progresiva de los mataderos para regular las condiciones de salubridad de la matanza de los animales. Pero la polémica se desató cuando Petro decidió reabrirlos como una medida para enfrentar la inflación en el precio de los alimentos, y esa determinación terminó siendo la gota que rebozó la copa y acabó con la paciencia de los animalistas.
“Queremos la abolición de las corridas de toros. Tenemos en esta lucha, como grupo ‘Colombia sin toreros’, más de seis años. No estamos solos, hemos contado con el apoyo de fundaciones de España que ya han tenido bastantes resultados en Cataluña, donde fueron abolidas estas corridas. Este proyecto nos hace un país más avanzado y consciente de la crueldad que se comete contra los animales. Ya nos han tumbado varios proyectos, estamos sorprendidos porque esperábamos más de este gobierno, se han incumplido promesas, este gobierno es más ambientalista que animalista y nos ha decepcionado con la apertura de los mataderos municipales”, contó Patricia Patiño, activista, animalista y vegana de la ciudad.
En Cartagena no se realizan corridas de toros desde hace aproximadamente 10 años. Las últimas se hicieron durante la administración de Dionisio Vélez como alcalde de Cartagena.
“Aquí en Cartagena, luego de Dionisio, estuvo Sergio Londoño un tiempo como alcalde encargado y nos colaboró para que estas corridas no tuvieran continuidad”, aseveró Patiño.
En octubre del año pasado fue radicado ante el Concejo de la ciudad, un proyecto por medio del cual se contempla cambiar el nombre de la Plaza de Toros y dictar otras disposiciones para su funcionamiento.
“El espacio donde se daba cualquier tipo de manifestación que constituye maltrato animal, establecerlo como Champetódromo para Cartagena, pero también que este espacio sirva para manifestar otro tipo de expresiones culturales”, indicó en ese entonces el concejal Sergio Mendoza.
En medio de este debate nacional y de ciudad, Cartagena no solo cuenta con animalistas en defensa de este proyecto, sino también con opositores, y este es el grupo tradicional de taurinos, quienes se niegan a que este proyecto de ley sea una realidad, cuestionando algunos puntos como las implicaciones económicas que traería consigo acabar con estos espacios que consideran culturales y de libre expresión.
“Los empresarios taurinos han tenido interés en que se use la Plaza de Toros, pero debido a las negativas, trabas e inconvenientes que han esgrimido los alcaldes de turno para el arrendamiento de esta plaza, la han dejado deteriorar y han preferido no hacerle el mantenimiento de rigor como pretexto de cederla para la realización de festejos no taurinos. No obstante, debemos aceptar su utilización para otros eventos. Pueden realizarse eventos culturales, presentaciones teatrales, musicales y deportivas. Esto no solo serviría para conservarla, sino también para mantenerla y mejorarla”, indicó Edgardo Baena, vicepresidente de la Federación Mundial Cultural Taurina.
También agregó: “Como aficionados e integrantes de la Peña Taurina El Clarín, nos oponemos a la ley que está en debate. Este nuevo proyecto, que es al menos la cuarta vez que se presenta, atenta contra los derechos fundamentales a la cultura y libre expresión de los aficionados taurinos de Colombia, con lo que se desconoce la Ley 916 de 2006 y la reiterada jurisprudencia de la Corte Constitucional, como la C-367 de 2006, C-666 de 2010 o la C-889 de 2012. Estas tradiciones deben ser protegidas al igual que las de los pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes y demás expresiones. Con este proyecto también se desconocen los aportes en impuestos y dinamismo económico que genera esta actividad, y el cuidado ambiental que hacen los ganaderos en sus tierras”, concluyó Baena.
