En diciembre de 2022, el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Cartagena, le ordenó al alcalde de la ciudad y al inspector de Policía de la Comuna Primera de Bocagrande, ejecutar las obras necesarias para adecuar una edificación ubicada en la calle 5, número 2-14, a fin de ajustarla al Plan de Ordenamiento Territorial (POT) y a la licencia de construcción por presunta ocupación indebida del espacio público. (Lea: ¿Otro Aquarela? Hotel en líos por presunta ocupación ilegal del espacio público)
La decisión de la juez, se dio después que la Procuraduría General de la Nación (PGN), denunciara presuntas irregularidades en la construcción de un edificio ubicado en la zona turística del Corralito de Piedra, es por ello, que el juzgado también ordenó la recuperación del espacio “invadido” por los elementos construidos en la zona del antejardín. (También le puede interesar: Ordenan adecuar sede de hotel en Cartagena por invadir el espacio público)
No obstante, el 8 de enero de este año al acoger la solicitud de la PGN, la Juez Primera Administrativa del Circuito de Cartagena reiteró la orden de ejecutar las obras necesarias para adecuar la edificación donde funciona el Hotel Oz Luxury al Plan de Ordenamiento Territorial (POT) y a la licencia de construcción otorgada.
Frente a esta orden, la Alcaldía de Cartagena apeló la sentencia del juzgado. “Es importante resaltar que el Distrito no ha vulnerado los derechos colectivos, pues tal como se demostró durante el proceso, Inversiones Salmero S.A.S., titular de las licencias urbanísticas concedidas para la construcción del Hotel Oz Luxury, es el infractor de las normas urbanísticas. Incluso, antes de la decisión adoptada por el Juzgado, la Inspección de Policía de la Comuna 1, ya había adelantado un proceso policivo donde impuso sanción con multa y le ordenó hacer las demoliciones correspondientes para adecuar su construcción a las licencias concedidas”, precisó el Distrito.
Y continuaron: “En la sentencia no se insta a Inversiones Salmero S.A.S. a que ejecute las obras de adecuación y de cumplimiento a la orden emitida en el proceso policivo. El Distrito considera que el infractor es quien debe ejecutar las órdenes pertinentes para la restitución del espacio público y cesar la vulneración de los derechos colectivos”.
Concepto de la juez
La funcionaria señaló que la vulneración de los derechos colectivos relacionados con el goce del espacio público es clara, debido a que las zonas destinadas al antejardín en el Hotel Oz Luxury son parte del espacio público distrital, y “se encuentran invadidas por elementos construidos (pérgolas) que exceden el límite establecido en las normas urbanísticas, en la medida que ocupan más del 50 % del área, lo cual no está permitido en el POT”.
Agregó que de igual forma se vulneró el derecho a la realización de construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando las disposiciones jurídicas, de manera ordenada y dando prevalencia al beneficio de la calidad de vida de los habitantes, pues se ejecutaron sin acatar lo establecido en el POT, “y en franco incumplimiento de lo aprobado en las licencias urbanísticas otorgadas”.
Puntualizó que en este caso “es evidente el incumplimiento del Distrito de Cartagena en su deber de velar por la protección del espacio público y por el acatamiento de las normas urbanísticas contenidas en el POT”.
En julio de 2020 el inspector de Policía le ordenó a Promotora Calle 47 S.A.S, dueña del edificio Aquarela, restituir 619,49 metros de espacio público. Dentro de esta acción se ordenó además de la restitución de 619,49 metros cuadrados, el pago de una multa de $156 millones a los constructores y el sellamiento de la obra.
Actualmente la primera torre del proyecto está abandonada y en obra gris. Se espera determinar el método a utilizar para demoler la edificación. Las obras del proyecto de viviendas Aquarela se iniciaron en marzo de 2017, pero desde octubre de ese mismo año el proyecto ha enfrentado varios procesos judiciales, entre los que se destaca el policivo proferido por la Inspección de Policía de la Comuna No. 2 por violar las normas urbanísticas.
