“Cartagena es una de las ciudades más vulnerables al cambio climático del país. Las proyecciones del planeta indican que el nivel del mar podría elevarse hasta 60 cm en el año 2040; esto implicaría que varias zonas como el Centro Histórico estarán inundadas”, aseguró hace unos meses el Ministerio de Ambiente. (Lea: “Cartagena es una de las ciudades más vulnerables al cambio climático”)
En respuesta a ese presagio ambiental, uno de las apuestas más ambiciosas de la Nación, a través de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), y de la Alcaldía de Cartagena, es el Macroproyecto de Protección Costera para mitigar el proceso de erosión a lo largo de todo el borde costero de la ciudad, y así resistir los embates del calentamiento global.
En igual medida a su importancia, el proyecto también ha sorteado varias controversias. Se han aplazado intervenciones, cambios en el cronograma de obras e inquietudes por supuestos cierres de playas en donde muchos cartageneros trabajan su sustento.
“Efectivamente ayer se recibió, vía correo electrónico, una denuncia por presunta falsedad en uno de los documentos aportados por el Consorcio Protección Fase II para intervenir el sector de El Cabrero, por lo cual se determinará, desde el equipo jurídico, y posterior a un análisis exhaustivo, determinar el procedimiento a que de lugar y en los próximos días, a través de una comunicación oficial se informará cuál va a ser el procedimiento a seguir, en aras de garantizar la transparencia y continuidad del proceso, bajo los presupuestos legales que rigen la contratación”, informaron desde la Ungrd a El Universal.
Según el portal La Contratopedia Caribe, ese documento fue clave para que el consorcio se ganara la licitación para intervenir el litoral cartagenero en el sector de El Cabrero. “Ese documento garantiza que el contratista cuenta con las trece volquetas y parte de la maquinaría necesaria para transportar las rocas y ejecutar las obras”, señalaron.
“En este orden de ideas, la situación antes aludida es constitutiva de revocatoria del acto administrativo de adjudicación, en tanto que el mismo se obtuvo por parte del consorcio adjudicatario por medios ilegales, y aun no se ha firmado el respectivo contrato, como lo indica el artículo 9 de la ley 1150 de 2007”, expone la demanda hecha por OBINCO SAS.
Esa denuncia la presentó José David Meza Olmos, representante del Grupo Obinco SAS. Allí señala que el Consorcio Protección Fase II presentó una carta de compromiso y contrato de arrendamiento de 13 volquetas a nombre de Obinco, documentos que, según Meza Olmos, jamás suscribió. pic.twitter.com/BOsmO4whnc
— La Contratopedia Caribe (@LaContratopedia) November 13, 2021
El Consorcio Protección Fase II aún no da información respecto a la supuesta ilegalidad. La primera etapa del proyecto aún no arranca, debido a que el Plan de Manejo de Tráfico sigue en construcción; “eso sin contar la incertidumbre de quienes ofrecen sus servicios en los diferentes balnearios impactados con la megaobra”, expresaron desde la Contratopedia Caribe.
Carolina Calderón, directora de Funcicar
Actores de la polémica
Obinco es una empresa, registrada en la Cámara de Comercio de Cartagena desde 2016, que se dedica a la extracción de piedra, al comercio al por mayor de materiales de construcción y a las obras de ingeniería civil. El denunciante Meza Olmos fue representante legal de Dicon Ingeniería e Inversiones SAS, empresa guajira que tiene el 10% de participación en el Consorcio Proplaya, contratista de la primera fase de la Protección Costera que no es la fase involucrada en la presente polémica.
También forman parte del Consorcio Proplaya: Alvarado & During SAS y Dinacol SA, ambas seleccionadas por Ungrd para ejecutar las obras en El Cabrero, la segunda fase, por lo tanto, integrantes del Consorcio Protección Fase II, de donde, presuntamente, se originó la falsedad de la firma.
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