Como un baldado de agua fría cayó en algunos pobladores de la isla de Tierrabomba la noticia de la prefactibilidad otorgada por la Dirección General Marítima (Dimar) al trámite de concesión para el desarrollo del proyecto Marina Cartagena de Indias en el muelle de La Bodeguita.
En la resolución se da un plazo de 12 meses para dar cumplimiento a los requisitos de la etapa de factibilidad y a la efectiva socialización del proyecto con las comunidades y los operadores marítimos que desarrollan actividades turísticas o comerciales, así como con los usuarios del muelle de La Bodeguita.
Si cumplido el tiempo no llegaran a concretarse las anteriores exigencias, se dará por entendido el desistimiento tácito del trámite y se procederá al archivo del mismo. Sin embargo, según la Dimar, dicho término puede ser prorrogado a solicitud del interesado demostrando justa causa para ello.
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Cabe recordar que la solicitud para esta obra en la bahía de Las Ánimas fue presentada hace varios años por la Corporación de Turismos de Cartagena (Corpoturismo) con el propósito de organizar la actividad de las embarcaciones en esta zona de la ciudad.
La construcción de dicha marina, en caso de surtirse todos los trámites y aprobarse su ejecución, supondría la desaparición del embarcadero ancestral existente detrás del Hospital de Bocagrande, del que se benefician más de 15 habitantes de poblaciones como Tierrabomba, Bocachica, Caño de Loro o Punta Arena.
Para Wilman Herrera Imitola, abogado defensor de estas comunidades, el acto administrativo de la Dimar es un desafío al estado social de derecho y anunció que acudirán a las instancias legales para hacer valer su condición de poblaciones étnicas.
“Aquí hay mucha tela por cortar. Vamos a denunciar penalmente al capitán de Puerto, no vamos a permitir un desplazamiento ni un reasentamiento en otro lugar distinto al habitual. Las instituciones deben venir a hacer una consulta previa”, sostuvo el jurista en diálogo con El Universal.
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Herrera Imitola, a su vez representante del Consejo Comunitario de Caño de Loro, consideró que los 12 meses de plazo son suficientes para que los interesados anexen los documentos requeridos y se le dé la factibilidad a la concesión.
“Vamos a demandar el acto administrativo, la Capitanía de Puerto, la Dirección Nacional de Consulta Previa y Corpoturismo están actuando con dolo porque desconocen nuestra historia. Somos comunidades negras que contamos con el respaldo de la Ley 70 de 1993, estas instituciones se deben sentar con nosotros y analizar los impactos positivos y negativos que generaría el proyecto”, finalizó el gestor social.
Como han hecho recientemente para defender el embarcadero, los pobladores anunciaron que preparan una manifestación pacífica para los próximos días, vía marítima y terrestre, para mostrarle a la ciudadanía y al país su oposición a la construcción de la marina.
Desde Corpoturismo han expresado en reiteradas oportunidades que la ampliación del Muelle de la Bodeguita es la oportunidad de organizar la actividad turística de pasajeros hacia la zona insular con mayores capacidades y comodidades.
