Uno de los grandes objetivos de la directora del Departamento Administrativo Distrital de Salud (Dadis), Johana Bueno Álvarez, es pagar las deudas del sector salud que tiene la entidad territorial y todo indica que lo conseguirá en este periodo.
En lo que respecta a las obligaciones de atención no cubierta en el Plan de Beneficios en Salud (PBS), anteriormente llamado Plan Obligatorio de Salud (POS), el Distrito debe $131.962 millones a Entidades Promotoras de Salud (EPS) y a la red prestadora de salud.
Por ello el Dadis realizó las gestiones para acogerse al programa de saneamiento definitivo del Gobierno nacional o acuerdo de “punto final”, proceso que sigue avanzando. A finales de este mes o a principios de agosto el Distrito recibiría recursos de cofinanciación para saldar esta deuda. Serían $65 mil millones en la primera fase.
“La prioridad del gobierno de Iván Duque en el sector salud es el saneamiento de las deudas, con el objetivo de garantizar la sostenibilidad del Sistema General de Seguridad Social en Salud. Nosotros como entidad territorial, al igual que todos, nos vimos afectados. El Gobierno expidió la Ley 1955 de 2019, de punto final, para que las entidades puedan pagar esas deudas en lo relacionado, específicamente, con la atención en salud de lo no cubierto en el PBS”, explicó Johana Bueno Álvarez.
La Resolución 1479 de 2015 estableció el procedimiento para el cobro y pago de servicios y tecnologías sin cobertura en el POS, suministrados por parte de las entidades territoriales, departamentales y distritales a los afiliados del Régimen Subsidiado, los cuales se financiarán por las entidades territoriales con recursos del Sistema General de Participaciones, sector salud.
Para ello había dos modelos y Cartagena se acogió al segundo, mientras que las demás entidades al primero.
“A diferencia de las otras entidades, Cartagena se acogió al modelo dos, donde las EPS eran las responsables, con su red prestadora de servicios, de garantizar la prestación del servicio de salud a sus usuarios, previa autorización de un comité técnico científico. Al acogernos a este modelo fue más difícil sacar adelante la ley de punto final y hacer, como el año pasado, el esfuerzo fiscal”, detalló la directora.
En este modelo, el comité evalúa las solicitudes por parte de los médicos tratantes y las aprobaba o no. De aprobar una solicitud, se enviaba a las IPS y llenaban un formulario ante la entidad territorial para que se facturara ante el Dadis.
El departamento de salud auditaba, llamaba a conciliación, se emitía un certificado y luego la parte financiera daba otro certificado de reconocimiento de la deuda para que se pagara. Sin embargo, los pagos no se hicieron.
En lo que respecta a las instituciones públicas, según comentó Bueno Álvarez, se les canceló el total de lo auditado de la deuda reconocida.
“En el caso de la ESE Clínica de Maternidad Rafael Calvo, por este concepto solo se le debía $5 millones y se le pagó. Al Hospital Universitario del Caribe se le debía $450 millones, y también se le pagó; y a la ESE Hospital Local Cartagena de Indias no se le debía por no POS”, señaló.
Según el Dadis, el 66% de esta deuda se concentraba en tres proveedores: IPS Nacional de Salud, que es un dispensario de medicamentos; Audifarma y el Centro Radioncológico del Caribe, que presta servicio de alto costo.
Ahora bien, para que el Dadis accediera a los recursos de cofinanciación, el Ministerio de Hacienda le pedía alcanzar el indicador 1.
“Hicimos un cálculo matemático, el Distrito dispuso $25 mil millones de esfuerzo fiscal para pagar deuda de no POS, de vigencias anteriores y alcanzar el indicador. Entonces no podemos hablar de punto final porque hicimos fue un paso previo”, continuó la directora.
Como la cartera más grande estaba en los tres prestadores mencionados, el año pasado la entidad priorizó los pagos de la siguiente forma: primero entidades públicas, segundo los de mayor deuda y tercero el resto de la red, principalmente quienes atendían pacientes COVID-19.
Fue así como Minhacienda aprobó en esta primera fase los $65 mil millones y ya se gestiona la segunda fase de este saneamiento fiscal. Para ello el Dadis tendrá hasta agosto para presentar la documentación.
Esto se convierte en un hito importante para la ciudad, porque el Dadis acorta tiempos y salda deudas.
“Tenemos que entregarla a más tardar el 30 de agosto, para que digan que cofinanciarán el resto. Ya lo tenemos adelantado, hemos sido juiciosos en hacer revisión, auditoría, conciliación y el reconocimiento de la deuda, si es el caso”, señaló Bueno.
El otro objetivo macro de la directora del Dadis es la terminación de los hospitales del Distrito y en esto ya han avanzado con los cinco que quedaron inconclusos y deberían terminar este año.
Adicional, se espera reiniciar obras en siete hospitales de los corregimientos insulares del Distrito.
“Uno de los mayores retos en este momento es recuperar la infraestructura hospitalaria de primer nivel de atención, por eso presentamos ante el Ministerio de Salud el documento de modernización, rediseño y organización de la red pública, conocido como Documento Red, por eso estamos en la consecución de recursos para dejarle a Cartagena toda una red hospitalaria, por lo menos iniciada”, resaltó Bueno Álvarez.
De hecho, la última actualización al Documento Red, la hoja de ruta para la atención en salud de cada entidad territorial, se hizo en el 2012, según indicó la directora.
Esto también permitiría recuperar el liderazgo y eficiencia en la gestión administrativa de la salud en Cartagena, ya que la organización de la red pública hospitalaria apunta a que algunos de los servicios se presten por alianzas estratégicas que complementen los servicios con los ofrecidos por la red privada.
“Hay que tener en cuenta que esas IPS a las que se les debía dentro de la red prestadora de servicios de salud no la escogió la entidad territorial, sino las EPS cuando la ciudad se acogió al modelo 2. Toda la deuda de no POS es de $131 mil millones, donde hay cobro y recobro, como se le llamaba”, precisó la directora del Dadis.
En cobros (por parte de las IPS) son $50.052.982.881 y en recobros (EPS) se deben $81.910.526.162.
De esas, a las que más se les debe es a Coosalud y MutualSer, aunque en la lista también están Comfamiliar, Confacor y Coosalud, entre otras. Algunas de ellas están en proceso de liquidación.
