Continúa dando de qué hablar en la región el anuncio del ministro de Transporte, Guillermo Reyes, quien hace un par de días indicó que a los cartageneros se les cobrará un impuesto de valorización por las obras del macroproyecto del canal del Dique, una vez se inicien los trabajos.
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“Pretender que los cartageneros paguemos las obras del canal del Dique es un exabrupto, sencillamente una conejada. Compromisos ineludibles anteceden este proyecto. El Ministerio de Transporte y Presidencia de la República nos tratan de engañar”, dijo Andrés Betancourt, excandidato a la Alcaldía de Cartagena.
En esa misma línea, el exgobernador de Bolívar, Dumek Turbay, le pidió al Ministerio de Transporte una aclaración sobre este asunto: “Cuando el ministro de Transporte plantea que las obras del canal del Dique las pagarán los habitantes de Cartagena y terratenientes, ¿a qué se refiere? ¿Quiénes son esos terratenientes que en la ciudad se beneficiarán con las obras? Hay incertidumbre. Favor precisar”.
El representante a la Cámara, Fernando Niño, planteó algunos interrogantes tras las declaraciones del jefe de la cartera de Transporte. “¿Por qué el nuevo impuesto lo pagaremos los cartageneros si todo un país y directamente los 18 municipios de Atlántico y Sucre se beneficiarán con este proyecto? ¿Cómo será el cobro de este impuesto y a qué predios se les cobrará? ¿En qué se invertirán esos recursos? Tengo entendido que esas obras ya están financiadas”, trinó el congresista.
-¿Por qué el nuevo impuesto lo pagaremos los cartageneros, si todo un país y directamente 18 municipios del Atlántico y sucre se beneficiarán de este proyecto?
— Fernando Niño (@fninomendoza) January 19, 2023
-¿Cómo será el cobro de este impuesto?
-¿A qué predios se les cobrará?
-¿En qué se invertirán estos recursos?
“Bastante golpeado el bolsillo de los cartageneros para ponerlos a pagar impuesto de valorización por obras del canal del Dique. Ministro, explique el porqué de su propuesta. Fue la Costa quien le dio el triunfo a Gustavo Petro, así paga el diablo a quien bien le sirve”, cuestionó Yenny Rozo Zambrano, senadora del Centro Democrático.
La congresista Juliana Aray Franco, en diálogo con El Universal, aseguró que de este proyecto se ha venido hablando desde hace 50 años. Destacó las bondades que tendrá la región una vez se finalicen las obras, ya que mitigará la problemática de inundaciones y volverá a recuperar el ecosistema de la bahía de Cartagena. Sobre las declaraciones del ministro de Transporte, puntualizó: “Le pedimos al Gobierno nacional que precise por qué acogieron la figura de financiación de valorización para realizar este megaproyecto, teniendo en cuenta que el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, había manifestado que estos recursos estaban garantizados. No es justo que los cartageneros asuman parte de la financiación de este megaproyecto que impacta a tres departamentos de Colombia, ya que Cartagena es una de las ciudades con mayor índice de inflación en el país”.
Y agregó: “Como miembro de la Comisión Accidental Canal del Dique, Río Magdalena, le solicito al Gobierno nacional explicar y determinar el método de financiación del proyecto para que no se le dé cabida a especulaciones”.
Dau se pronunció
El alcalde de Cartagena, William Dau Chamat, aseguró que esto se debería cobrar solo a los propietarios de los grandes lotes cercanos a la bahía de Cartagena y que el término que debía utilizar el ministro de Transporte, no era el de valorización sino plusvalía.
“La idea de cobrar a los diferentes propietarios de predios por la realización de los 3.2 billones de pesos que cuesta el proyecto del Canal del Dique fue una propuesta que yo hice como alcalde de Cartagena, pero no para cobrar a los cartageneros, sino a los dueños de las 80 mil hectáreas de predios que serán productivos una vez arranque este proyecto. La inversión financiera no vendrá de parte de la gente de Cartagena. Como alcalde no lo permitiré”, enfatizó Dau.
Los 15 años del contrato de concesión del proyecto están divididos así: primero habrá año y medio para la etapa de preconstrucción; luego, cuatro años y tres meses para la construcción de las unidades funcionales, y otros nueve años y cuatro meses para actividades de operación y mantenimiento.
De acuerdo con la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), en esta etapa de preconstrucción se adelantarán requerimientos técnicos, ambientales, sociales y prediales que permitirán dar paso a la construcción. Esto no excluye que durante este tiempo se puedan hacer intervenciones ante eventualidades derivadas de las temporadas de lluvias.
Para que se firme el acta de inicio del proyecto es necesario que se adjudique su interventoría.
