Durante la asamblea de accionistas de Aguas de Cartagena realizada este miércoles 30 de marzo, el Distrito de Cartagena votó negativamente a la aprobación de los estados financieros de Acuacar, hasta tanto el revisor fiscal de la empresa brinde un informe sobre las observaciones hechas por el interventor al contrato de Gestión del Servicio de Acueducto y Alcantarillado, conocido como GISSA.
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Según explicó William Dau Chamat, alcalde de Cartagena, las observaciones técnicas hechas por el interventor datan desde la constitución de Acuacar y estarían relacionadas con cuestionamientos referentes a la propiedad, aportes, financiamiento de obras, entre otras actividades de la empresa.
“El contrato de gestión de servicio es el más grande, largo y valioso que ha existido desde que se fundó Acuacar. Ese es el contrato de gestión integral que se tiene con los españoles, con el que se han girado recursos de Cartagena a Aguas de Barcelona, el cual ha estado altamente cuestionado. El interventor desde hace muchos años ha venido objetando y presentando observaciones y Acuacar todos los años las responde de la misma manera. Yo le reclamé al revisor fiscal para que me indicara qué análisis hizo y si miró esas observaciones, porque es responsabilidad de él mirar todos los documentos principales, incluyendo las observaciones hechas por el interventor al contrato más grande. Es por eso que la aprobación de los estados financieros de Acuacar estará sujeta a recibir el informe”, precisó el alcalde Dau.
Tras la petición de William Dau, fue designado un comité de accionistas minoritarios con el fin de que se desarrollen sesiones de trabajo entre los accionistas, el Distrito, el revisor fiscal y el interventor, para dar a conocer las observaciones del contrato GISSA y discutirlas punto por punto. Luego de esto, se fijará una nueva fecha para realizar otra asamblea de accionistas.
El mandatario local pidió celeridad a Acuacar para que se realice la auditoría forense en donde se evaluarán las condiciones por las cuales el exalcalde Dionisio Vélez prorrogó el contrato a Aguas de Barcelona como socio operador para la gestión del servicio público, presuntamente, en detrimento de los intereses del Distrito, a seis años de que venciera el término del mismo.
Para el alcalde Dau, Acuacar ha sido negligente en la realización de la auditoría forense, ya que, aunque esta auditoría fue solicitada por la administración y aceptada por Acuacar desde 2020, a la fecha no se ha empezado. Por ende, el mandatario sugirió que se haga lo más pronto posible un estudio de mercado que incluya diferentes firmas multinacionales con amplísima experiencia en el tema.
Invitación al diálogo
Tras la reunión, desde la empresa señalaron: “Se propició un debate con altura y sincero donde los accionistas, directivos y el alcalde mayor tuvieron la oportunidad de un acercamiento e interacción sobre temas varios atinentes a la empresa y se designó una comisión especial que abordará y analizará los resultados financieros. Con respecto a la auditoria forense que solicitó el alcalde William Dau, Jesús García, gerente de Aguas de Cartagena, igualmente consideró que la misma se encuentra en proceso de trámite para darle certidumbre, demostrar la robustez de la compañía y ratificar que ‘en Aguas de Cartagena las cosas se hacen con transparencia y limpieza’”.
Así mismo, García destacó: “Me siento orgulloso de los logros alcanzados y este año lo vemos con toda ilusión y esperanza de recuperar programas que no se realizaron durante la pandemia y esperamos la reactivación de la economía y recuperación de ingresos familiares”.
Postura de los accionistas minoritarios
Alfredo Raad, accionista minoritario de Acuacar y uno de los miembros que integrará la comisión facilitadora que estudiará el caso, indicó que la posición de la totalidad de accionistas minoritarios define lo sucedido como inconveniente. “El escenario de la asamblea general no era el adecuado para resolver esas diferencias porque el Distrito tiene dos representantes en la junta directiva. Estos dos representantes pudieron hacer los requerimientos oportunos a la revisoría fiscal sobre las inquietudes y observaciones que ha planteado, reiteradamente, el interventor del contrato de gestión integral”.
Y agregó: “Nosotros no conocemos como accionistas minoritarios los pormenores de ese contrato. Lo señalado por el gerente de Acuacar es que dichas observaciones han sido contestadas reiteradamente por la empresa, pero el interventor persiste en las mismas, que son observaciones de interpretación contable, las que al final, si persisten, quiere decir que lo que se está planteando es una controversia contractual que deben dirimir las partes (Acuacar como empresa contratista y el Distrito como empresa contratante), que deben tener previstos mecanismos de solución de controversias incorporados en el contrato, como es lógico. Esa instancia debería estar acompañada de especialistas técnicos que deban dirimir y zanjar la interpretación de las partes involucradas”.
Según lo manifestado por Raad, el alcalde Dau quiere contratar una auditoría forense, como la llamó el mandatario, para revisar los 28 años de contrato entre Acuacar y el Distrito, para lo que estaba solicitando una autorización por dos millones de dólares a la asamblea. “La posición de los que intervenimos es que tiene que precisar el alcance, los estudios previos, justificaciones y objetivos de esa auditoría antes de solicitar esos recursos. Es un presupuesto que es prácticamente el 30% de las utilidades anuales de la compañía”, precisó el accionista.
Y añadió: “Independiente del monto, lo que queremos es hacer énfasis en la oportunidad, necesidad y conveniencia de esa autoridad, dado que hay mecanismos contratados por la asamblea de socios para hacer revisoría fiscal y de gestión, los cuales pueden rendir los conceptos que se requieran e investigar lo que se necesite saber de la compañía. Creemos que no es conveniente para la reputación de la empresa poner en entredicho los 28 años de gestión que, para nuestro parecer, han sido exitosos para la ciudad, y poner en riesgo la calidad del servicio publico de agua y alcantarillado por un conflicto entre el Distrito y Acuacar como operador”.
Para los accionistas, la gran dificultad de fondo es la doble condición que “el alcalde a veces confunde”. “Es accionista mayoritario de Acuacar, pero a su vez, como Distrito es contratante de Acuacar, y a veces tiene confusión con respecto al papel que debe desempeñar en cada caso. En este suceso solo podía actuar como accionista y no llevar disputas contractuales al seno de la asamblea de socios. Eso debe resolverse en el marco contractual entre la Alcaldía de Cartagena y Acuacar”, concluyó Alfredo Raad.
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