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“Consulta previa nos perjudica”: Capitán de Cabildo Zenú de Membrillal

El capitán asegura que son 65 familias de las 88 activas que tiene el Cabildo las que quieren trasladarse ya al terreno que dispuso el Distrito. Hay fricción dentro de la comunidad.

Hace unas semanas se conoció una sentencia de impugnación de tutela, interpuesta por Leovigildo Castillo, un miembro del Cabildo Indígena Zenú de Membrillal, que obliga al Distrito a realizar una consulta previa al traslado de las familias que hacen parte de la comunidad.

(Lea: Cabildo Indígena Zenú de Membrillal tampoco sería trasladado este año)

La decisión, según el abogado Rafael Hoyos, fue tomada bajo los argumentos de que no se ha dado la debida socialización con el Cabildo sobre las condiciones del predio al que serían trasladados, el cual, según informó el Distrito, está ubicado en el corregimiento de Bayunca y se encuentra valorizado por una suma de $900 millones de pesos.

Sin embargo el punto de inflexión radica en que la ejecución de una consulta previa, con todos los pasos que esta implica, supondría que el traslado, en vez de darse este año como se había proyectado, tendría que posponerse para 2020.

Por este motivo el capitán del Cabildo Zenú de Membrillal, Roger Suárez difiere de la decisión del juez, la cual asegura que perjudica a toda la comunidad teniendo en cuenta que desde hace 28 meses cursa una orden desalojo en contra del Cabildo que expiraba el pasado 26 de diciembre.

En este sentido según Suárez, temen por lo que vaya a pasar principalmente con las 43 familias que ocupan la finca San Isidro, la cual está siendo reclamada por sus propietarios y ha sido el objeto del limbo jurídico en el que se ha encontrado el Cabildo desde 2015.

Tras la notificación del fallo judicial, el Cabildo convocó a una Asamblea Extraordinaria para determinar la posición que iban a adoptar frente al fallo, y en ella se tomó la decisión de “renunciar a la consulta previa pero no al derecho”, ya que según ellos, todo el proceso que han tenido que atravesar con respecto a la consecución del terreno surte la consulta popular.

“La asamblea en pleno decide que dicho trámite y proceso, como derecho fundamental, no es necesario puesto que por más de 28 meses se ha constituido un comité de seguimiento al traslado del Cabildo producto del incumplimiento al contrato de arriendo con opción de compra, dicho acto caducó el año 2015, así como también el incumplimiento al fallo judicial que obliga la restitución del inmueble al titular que reclama sus tierras”, dice el acto de reunión y seguimiento de la asamblea realizada por el Cabildo.

Además aseguran que, a diferencia de lo que manifestó el cabildante Leovigildo Castillo, sí conocen la ubicación exacta del predio y este cumple con las condiciones básicas que exigían: vías de acceso, cercanía a un centro poblado, acceso a educación y a la salud.

“Esta sería la segunda oportunidad que se le presenta al Cabildo de tener un territorio propio”, manifestó Suárez.

Son 13 familias las que se manifiestan en contra de la decisión tomada en la Asamblea y que apoyan la consulta popular, por lo que la mayoría rechaza el fallo de impugnación. Sin embargo lo cierto es que el tan esperado traslado quedaría para el próximo año, mientras tanto, la incertidumbre dentro del Cabildo crece.

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