Las licencias, construcciones y concesiones de proyectos en Cartagena siempre han dado de qué hablar, y ahora los conflictos han pasado al plano marítimo. En las últimas semanas, a través de redes sociales, ciudadanos han denunciado la instalación de unos pilotes en el Club de Pesca para la construcción de un muelle, los cuales, a su juicio, representan una violación a las normas del PEMP y una afectación para el tránsito de pequeñas embarcaciones provenientes de la zona insular.
“La Dimar ha permitido la amplitud del Club de Pesca entregando concesiones, en tiempo de pandemia, donde no han participado las comunidades afrodescendientes, los pescadores, ni las comunidades aledañas como Manga, para entender por qué y para qué se entregó la concesión. Hoy observamos que de materializarse este proyecto atenta contra la visibilidad o el paisaje del Fuerte San Sebastián de Pastelillo”, señaló Wilman Herrera, representante del Consejo Comunitario de Caño de Loro.
Paralelo a este concepto, el director de la Veeduría Integral Ciudadana Derecho y Vida, Cesar Cárcamo, recalcó hace semanas atrás que la obra también afecta el medio ambiente.
“Esto interfiere notablemente en la circulación del agua entre la laguna de San Lázaro a la Bahía de las Ánimas, una afectación al medio ambiente. Por lo que para dar este permiso de ampliación deberían recurrir al Ministerio de cultura, ya que es un monumento nacional, eso no se ha dado, el Instituto de Cultura de Cartagena me certificó que tampoco tiene conocimiento de eso y que se estaban violando las normas pertinentes” dijo Cárcamo.
No es una nueva concesión: Dimar
Ante el malestar que ha generado la obra, la Autoridad Marítima Colombiana aclaró que las mismas están contempladas en la concesión entregada al Club de Pesca para el desarrollo de sus actividades, desde 1983, en un área total de 64.607 m2, por lo que no hay una nueva concesión.
“Los documentos contemplan la realización de obras de mejora como las que se están llevando a cabo en este momento, que incluyen la construcción de un muelle y la modificación de los 3 muelles que tienen actualmente”.
La Dimar agregó que este tipo de obras, como todas las concesionadas, cuentan con el acompañamiento y permanente supervisión de inspectores de la entidad para verificar que se desarrollen con todas las medidas de seguridad, de tal manera que se protejan los ecosistemas marinos y la seguridad de la navegación.
Respecto a la queja de las comunidades insulares por no ser tenidas en cuenta, se conoció que al momento de dar la primera concesión (1983) el requisito de consultas previas no estaba vigente.
“Sobre el área en concesión, el Ministerio del Interior, entidad encargada de determinar la necesidad o no del proceso consultivo, certificó la no presencia de comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras en el momento de su adjudicación”.
Sin embargo, la Dimar expresó que en caso de requerirse el proceso de consulta previa, por parte de unos terceros, en este caso las comunidades, el Club de Pesca deberá tramitarlo directamente ante el Ministerio del Interior.
Autoridades piden informes
Tras recibir varias denuncias ciudadanas, el director de Patrimonio y Memoria, Alberto Escovar Wilson-White, envió un oficio al capitán de Puerto de Cartagena, Jorge Enrique Uricoechea, en el cual solicita información sobre la concesión otorgada.
“Actualmente existe un instrumento de Gestión y Protección del patrimonio Cultural autorizado mediante resolución 1560 de 2018 por el se autoriza el Plan Especial de Manejo y Protección del Cordón Amurallado y el Castillo San Felipe, en el cual se indica que las intervenciones en los cuerpos de agua se encuentran en el sector V y deben contar con autorización de esta cartera”.
Además, la solicitud de información también aplica para el proyecto “Marina Cartagena de Indias” que se prevé realizar en el muelle de La Bodeguita y la bahía de Las Ánimas. (Lea aquí: “Marina Cartagena de Indias” tardaría hasta cinco años en materializarse)