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“Comunidades desconocen el impacto del proyecto del Dique”

La Procuraduría advirtió que es necesario continuar con las socializaciones a pesar de que la Agencia Nacional de Infraestructura realizó 16 consultas previas.

A mediados de abril la vicepresidenta de la República, Marta Lucía Ramírez, y el equipo técnico de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) hicieron un recorrido de reconocimiento por el canal del Dique con más de 20 empresarios nacionales e internacionales, en el que estos conocieron los beneficios que traerá la Alianza Público Privada (APP) de este macroproyecto.

En el recorrido se explicó que el canal de acceso al Dique (a la altura del corregimiento de Pasacaballos) se encuentra altamente sedimentado y que podría impedir el tránsito de embarcaciones. De acuerdo con la ANI, la Corporación Autónoma Regional del Río Grande de la Magdalena (Cormagdalena) ejecuta frentes en ocho zonas para mitigar el impacto de los sedimentos en el canal.

En Santa Lucía (Atlántico), la vicepresidenta Ramírez bajó de la embarcación en la que iba y en el malecón de ese municipio dialogó con habitantes y les habló de las bondades del proyecto. Los atlanticenses le pidieron a la representante del Gobierno nacional que no los olvidara.

“La idea es dar a conocer las bondades del proyecto, porque muchas comunidades desconocen las obras que se van a realizar. Hay que impulsarlas como un atractivo turístico y que las gobernaciones puedan construir malecones, muelles, que podamos ver veleros y que esto sea un impulso económico”, dijo Marta Lucía Ramírez.

Solicitud de la Procuraduría

Frente a este tema, ayer la Procuraduría General de la Nación (PNG) le reiteró a la ANI la solicitud de la comunidad de fijar fechas para la socialización del proyecto en los departamentos de Sucre, Atlántico y Bolívar. De acuerdo con el Ministerio Público, son muchos los interrogantes que tienen los habitantes ribereños.

La PGN destacó que el 24 y 25 de marzo de 2022 se realizaron reuniones con pescadores artesanales, organizaciones de agricultores y comunidades ribereñas del canal, a las que no asistió la ANI. Estas se hicieron en Santa Lucía, Atlántico; y en Arjona, Bolívar. Al finalizar las jornadas se acordó transmitir las inquietudes y requerimientos de los ciudadanos a la agencia.

El Ministerio Público transmitió los planteamientos presentados durante las mesas de trabajo y pidió dar respuesta clara y oportuna a los interrogantes en temas como la eventual sedimentación o desaparición de las ciénagas, el manejo de las compuertas, las campañas de monitoreo de pesca, la seguridad alimentaria, la situación de los manglares, la proyección de inundaciones, entre otros.

Interrogantes

Según la Procuraduría, las comunidades que se encuentran en el área de influencia del proyecto les manifestaron de manera repetitiva que este no ha sido socializado y que desconocen los impactos a nivel ambiental y social.

En el encuentro, líderes sociales denunciaron que algunas consultas previas fueron realizadas con juntas provisionales de los consejos comunitarios, sin la representación legal adecuada, por lo que solicitan al Ministerio del Interior realizar la revisión de la legalidad de las mismas.

Los ribereños cuestionan que el proyecto tiene como objeto de interés la protección de la bahía de Cartagena, pero no se analizarían los impactos en la bahía de Barbacoas, Bocacerrada y zonas aledañas como el golfo de Morrosquillo.

Estas comunidades piden explicación sobre las medidas de mitigación y prevención que se tienen contempladas frente a futuras sedimentaciones; sobre el manejo de las compuertas de Calamar y su impacto; qué va a pasar con los ecosistemas y cómo se garantizará el acceso al agua a las comunidades del canal.

Habitantes de San Basilio de Palenque piden que la ANI haga una consulta previa en esta comunidad. Por su parte, la ANI reiteró que se realizaron 16 consultas previas y que continuarán realizando la socialización con las comunidades, antes y durante la ejecución del proyecto.

Inversión
La inversión total del proyecto será de $3,09 billones, de los cuales $2,19 billones serán aportados por el Gobierno nacional y el resto por los departamentos de Bolívar, Atlántico y Sucre. Además, se prevé la creación de 61.766 empleos, entre directos, indirectos e inducidos. Las intervenciones consisten en la construcción de dos sistemas de esclusas en las poblaciones de Calamar y Puerto Badel, y obras de interconexión entre las ciénagas del área de influencia del canal del Dique.



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