Haberse quedado sin empleo de manera repentina y no poder encontrar pronto un nuevo trabajo, motivó la aparición de una deuda de una madre de familia de Cartagena con un colegio privado del barrio Pie de la Popa en el que su hijo estudiaba.
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Todo se inició en el 2018 cuando a la mujer, residente en ese momento en Bogotá, se le venció el contrato con una entidad del Estado.
Su regreso a Cartagena fue inminente pero las oportunidades laborales no aparecieron para ella, sobre todo porque llegó la pandemia del COVID-19. Su situación empeoró y la deuda con la institución educativa fue aumentando.
En este 2022, según explicó, las directivas del colegio no aceptaron las razones expuestas por ella y, a pesar de haber cancelado lo correspondiente al valor del 2021 y de estar trabajando en una empresa de la industria gastronómica en una ciudad vecina, no le aceptaron ningún convenio de pago y por el contrario le cancelaron los estudios a su hijo, reteniéndole la documentación e impidiendo que pueda ser matriculado en otro colegio incluso público.
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Por protección del menor de edad la mujer pidió reserva de su identidad. Este es su relato:
“Mi hijo cumple 14 años de edad este domingo, él debería estar cursando octavo grado, pero en este 2022 no ha podido estudiar porque tengo la deuda económica con el colegio del Pie de la Popa. Él está allí desde tercero de primaria, pero en el 2018 quedé sin trabajo y ahí empezó este martirio, aparte se metió la pandemia y todo fue peor. En octubre del 2021 me lo sacaron del colegio y hasta del Simat, me dijeron que debía pagar sí o sí. Yo como pude reuní parte del dinero, $2 millones 600 mil y pagué lo equivalente a ese año para que lo reintegraran y terminara el calendario escolar, dejando pendiente lo de años anteriores. La idea era hacer convenios de pago y ponerme poco a poco al día. Sin embargo, en enero de este año el colegio me dijo que no, que no iba a aplicar ningún convenio y que debía pagar al menos el 30% de la deuda total para que él pudiera seguir, eran $2,7 millones más, les dije que era mucho dinero para mí porque aparte tengo una hija estudiando en otro colegio. No aceptaron y manifestaron que no podían hacer más nada, que yo no ofrecía garantías de pago, incluso la actitud hacia mí ha sido humillante. Yo metí un derecho de petición para que me devuelvan los papeles del 2021 y que mi hijo pueda estar en otro colegio y tampoco aceptaron. He mandado correos, he hecho visitas, les he llorado, he planteado soluciones y nada ha servido para que atiendan mi llamado desesperado. Acudí a una abogada y se metió una tutela para que el colegio ampare el derecho a la educación de mi hijo y el fallo salió a nuestro favor, pero increíblemente impugnaron el fallo, estamos a la espera de la segunda instancia, paradójicamente en ese colegio primero es el dinero que la educación”.
Este medio se comunicó con la Secretaría de Educación del Distrito (SED) y la puso en contexto de la situación, facilitando los datos de la denunciante así como el nombre del señalado colegio y su dirección.
Desde la entidad se mostraron sorprendidos por lo acontecido y anunciaron una investigación al respecto con la Oficina de Inspección y Vigilancia, ya que a ningún niño se le pueden retener los papeles. La SED anunció que se comunicará con las dos partes para darle pronto la mejor solución al caso.
