Cartagena es una de las principales capitales del país con menor tasa de feminicidios. En 2021, la tasa fue de 0,4 por cada 100 mil mujeres, una cifra que si se compara con Medellín (1,0), Bogotá (1,1), Barranquilla (1,2) y Cali (1,7), resulta ser la más baja.
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Estos cálculos fueron realizados por el programa Cartagena Cómo Vamos con base en los procesos imputados como feminicidios por parte de la Fiscalía.
Y es que de 14 mujeres que fueron asesinadas en 2021 en la ciudad, solo nueve de estos casos fueron procesados como feminicidios, pero finalmente apenas dos fueron imputados como tal por parte del ente acusador.
Esto representa una disminución del 60% y del 71%, respectivamente, en comparación con los delitos imputados como feminicidios en 2019 y 2020.
Eliana Salas, directora de Cartagena Cómo Vamos, señaló que esta situación representa varios retos para la ciudad, entre ellos, el poder fortalecer las capacidades institucionales para la atención de casos de violencia contra las mujeres y también para garantizarles el acceso a la justicia.
“Además, se debe lograr una oportuna tipificación de los feminicidios que permita conocer la profundidad de la problemática, para identificar de forma más clara las prácticas más efectivas para reducir los casos. De cara a la ciudadanía resultaría clave realizar campañas de pedagogía que muestren conductas y patrones que conducen a estos hechos y pueden prevenirse, conociendo las señales de riesgo”, afirmó Salas.
La importancia de reconocer el delito
El código penal afirma que una persona incurre en el delito de feminicidio cuando le causa la muerte a una mujer por su condición de ser mujer o por motivos de su identidad de género. Es por ello, que desde la Mesa del Movimiento Social de Mujeres resaltan su importancia para visibilizar este tipo de violencias.
“En casos específicos, el género de la víctima no es un azar, sino el móvil del crimen. Este reconocimiento no solo es una acción punitiva sino que da lugar a visibilizar un problema, de modo tal que se tomen otras medidas de prevención, atención y protección para salvaguardar la vida y la dignidad de las mujeres”, expresó Leidy Laura Perneth, secretaria técnica de la Mesa.
De acuerdo con Perneth, el no reconocer estos casos como feminicidios, manda un mensaje social que desestima la violencia por razones de género y aumenta el riesgo en el que se encuentran las mujeres a ser víctimas de ella.
“Se envía un mensaje a los victimarios diciendo que pueden asesinar a las mujeres como forma de castigo y que esto no tendrá importancia, que será invisibilizado jurídicamente”, aseguró Perneth.
De igual manera, afirma que no imputar estos delitos como feminicidios exime a la institucionalidad de las responsabilidades que tienen con las mujeres.
“Esto supone también revisar la formación de jueces y fiscales que realmente no están viendo este delito, que no le dan la lectura necesaria o desestiman el material probatorio”, puntualizó Perneth, quien recalca que en todo esto las peores consecuencias las asumen las mujeres, en especial aquellas que no cuentan con recursos propios para que sus casos sean asesorados, escalados y posicionados jurídicamente.
“Cuando este proceso no se lleva a un término exitoso de justicia para las mujeres víctimas, se manda un mensaje social a todas las mujeres diciendo que podemos ser asesinadas con total impunidad, nos condena a vivir en el miedo, con una desconfianza profunda en las instituciones garantes de la vida y reafirmando un sistema de justicia para el cual la vida de las mujeres no importa”, manifestó.
Flagelo social
Siguiendo con la definición de feminicidio que da el código penal, para que un delito sea tipificado de esta manera deben darse algunas circunstancias especiales, entre ellas, el haber tenido una relación familiar, de amistad, íntima o de trabajo con la víctima o ejercer sobre el cuerpo y la vida de la mujer acciones de opresión y dominio.
En este orden de ideas, Jerry Pardo, analista y docente universitario, quien se desempeñó como investigador del Centro de Observación y Seguimiento del Delito (Cosed) por más de 15 años, manifestó que más del 80% de las muertes violentas de mujeres en Cartagena reúnen alguna de estas características.
“El feminicidio es un flagelo social de especial y urgente atención sobre todo cuando empieza a ser cada vez más frecuente y aún más cuando se evidencia que no todos los casos son legalmente reconocidos como tal, dando una sensación perceptiva de vacío legal en la aplicación de la reglamentación vigente”, advirtió.
Esta situación, en su concepto, sigue aumentando las brechas para el reconocimiento efectivo de los derechos de las mujeres.
“Ello puede estar explicado en gran parte por razones de carácter psicológico e incluso socioculturales en las que tradicionalmente se asocia la figura del hombre como aquella autoridad inviolable a la que le es difícil comprender los aportes que la mujer puede realizar si aprovecha plenamente el goce de sus derechos”, afirmó.
Así las cosas, Pardo afirma que hay que avanzar en mecanismos jurídicos que ofrezcan mejores garantías de la aplicación de la norma a las mujeres, teniendo en cuenta que esto lo que busca es salvaguardar sus vidas.
