El Tribunal Administrativo de Bolívar admitió la demanda de Acción Popular interpuesta por Danilo Contreras, que busca suspender las obras del macroproyecto de Protección Costera, al considerar que las intervenciones afectarían al patrimonio de la ciudad. (Lea: “Escollera frente a Bocagrande tiene un avance del 60%”: Ungrd)
“El diseño del proyecto afecta el patrimonio monumental de la ciudad, especialmente a la escollera submarina que está al frente de la cortina de murallas que va desde el baluarte de Santo Domingo hasta La Tenaza. También afecta toda la cortina de murallas porque la tesis que estamos manteniendo es que se construye en el área de influencia del monumento”, dijo Contreras. (También le puede interesar: ¿Quién tiene la razón sobre concepto de presunta afectación al patrimonio ?)
Y continuó: “Cuando se van a hacer ese tipo de obras se debe tener en cuenta lo que establece la Ley 1185 que dice que el Ministerio de Cultura debe pronunciarse para autorizar las intervenciones, sin embargo el director de Patrimonio nos informó que actualmente no hay autorización, es decir, las obras se adelantan contra la Ley”.
De acuerdo con Contreras, en la elaboración de la demanda se tuvieron en cuenta conceptos de la Sociedad de Ingenieros y Arquitectos de Bolívar (SIAB), Comité de Patrimonio, Colegio Nacional de Ingenieros de Colombia entre otros. Es de anotar que el Comité Técnico de Patrimonio es presidido, conforme a reglamentos, por el Alcalde Mayor de la ciudad o por su delegado, en este caso, el Secretario de Planeación.
La demanda cita un concepto del Comité Técnico de Patrimonio donde se realiza algunas recomendaciones a los diseños del proyecto: “La propuesta de los rompeolas deberá atender las recomendaciones del PEMP MURCAS Y DEL POT decreto 0977 de 2001 que determina límites del centro histórico y su área de influencia que se deben respetar al paramento del respectivo monumento, paramento que no se estaría preservando porque según la propuesta estaría ubicada exactamente encima de la escollera causándole afectación por lo que Comité indica que esta propuesta no ha solucionado el problema de impacto al dique sumergido por tanto se considera que existe afectación directa a la escollera de la marina”.
Algunas de las observaciones citadas en la demanda se encuentran presuntas inconsistencias en la presentación de la información básica (topografía, batimetría, granulometrías, geomorfología, oleaje). “Hay serios cuestionamientos a los diseños porque trabajaron con datos meteorológicos y de batimetría de 2011”, aseguró Contreras.
El demandante señaló que desde el 2014, la Alcaldía de Cartagena a través del Instituto de Patrimonio y Cultura Distrital (IPCC), tiene celebrado convenio de cooperación con el Comité Científico Internacional sobre Fortificaciones y Patrimonio Militar – ICOFORT, entidad adscrita al ICOMOS (Consejo Internacional de Monumentos y Sitios), dedicada a la promoción de la teoría, la metodología y la tecnología aplicada a la conservación, protección y puesta en valor del patrimonio cultural.
“Debe rechazarse cualquier otra obra constructiva o de reparación de carácter agresivo que represente daño irreversible hacia ese sistema antiguo de protección a la ciudad, en especial a la Escollera de la Marina, pero de igual modo al resto del patrimonio histórico sumergido”.
Y continúa: “Debe evitarse a toda costa la colocación de piedras u otro tipo de estructuras encima de la Escollera de la Marina, ante el riesgo de ser la causa del atentado la mano del hombre, a falta de base científica dañar contra la integridad del monumento. Para cualquier intervención es indispensable que se surtan las instancias patrimoniales de la ciudad de Cartagena de Indias (Comité Técnico De Patrimonio Cultural-IPCC) y de la nación (Mincultura –Concejo De Monumentos Nacionales), sin olvidar los compromisos ya contraídos con la UNESCO, la cual debe siempre estar informada de los pormenores al respecto”.
Contreras reiteró que la demanda tiene como finalidad suspender las obras y tomar los correctivos necesarios que determinen las afectaciones que puedan causar las intervenciones al patrimonio de la ciudad.
“Solicité la suspensión inmediata y ya solicitaré esa adición ante el Tribunal porque las obras van en un avance acelerado. Las afectaciones empiezan desde el baluarte de San Ignacio, es decir, la piedra que han arrojado en la avenida Santander hasta el Santo Domingo, constituye una consumación de la afectación. Ahora la amenaza radica en la construcción de los tres rompeolas y las escolleras porque prácticamente con la arena para hacer las playas van a sepultar la Escollera de la Marina”, agregó Contreras.
