La crítica situación jurídica del Distrito de Cartagena ha sido uno de los problemas más recurrentes de las administraciones de turno en la última década, nada más en el 2019 hubo cerca de 2.200 procesos judiciales que cursaban en contra de la Alcaldía, entre los cuales hubo embargos por más de $100 mil millones, que casi dejan a la ciudad sin liquidez financiera.
Con la llegada de la nueva administración la situación ha sido igual de compleja, de acuerdo con el informe rendido ante el Concejo por Myrna Martínez, jefa de la Oficina Jurídica de la Alcaldía, en lo corrido del año van 1.958 procesos judiciales contra el Distrito, de los cuales 709 son de nulidad y restablecimiento, 398 acciones populares, 328 reparaciones directas, 202 procesos ordinarios, 93 ejecutivos, 47 procesos de nulidad simple, 84 acciones de repetición, 45 acciones contractuales, 18 acciones de grupo y 22 de cumplimiento, 3 procesos abreviados, 4 de fuero sindical y 5 observaciones.
De estos procesos judiciales entre enero y marzo se notificaron 103 procesos judiciales, que en su mayoría son reparaciones directas, nulidades y restablecimiento, teniendo en cuenta la suspensión de términos de la rama judicial debido a la emergencia sanitaria por el COVID-19.
De acuerdo con el balance presentado por Martínez, en los tres primeros meses del año se reportaron embargos que sumaban $89.256 millones, lo cual con respecto a los otros años alcanza al segundo lugar de las cuantías más altas por las cuales ha sido embargada la administración, pero a diferencia de otros años, en donde se han hecho efectivos entre un 50 y un 96% de los embargos. De acuerdo al reporte histórico de embargos en el Distrito, se puede identificar que en el 2020 el porcentaje de aplicación de embargos es muy inferior a los años anteriores, pues en lo corrido del año solo se ha aplicado el 5%, es decir 4,847 millones de los 89,256 millones.
La jefa de la Oficina Jurídica explicó a El Universal que “para los embargos hemos logrado hacer un trabajo de defensa y que no apliquen inmediatamente. Nuestro objetivo es lograr que se garantice el debido proceso al Distrito, para que de esa manera podamos revisar las deudas e iniciar los procesos de pago”.
Gracias a esto, de los 64 procesos judiciales que han sido fallados en primera instancia durante este año, 40, es decir el 62,5% ha sido a favor del Distrito, y los otros 24, o sea el 37,5% en contra. Además de los procesos judiciales finalizados o con sentencia hay 18 a favor (54,5%) y 15 (45,5%) en contra.
En el análisis hecho desde la Oficina Jurídica se identificó que las pretensiones más recurrentes contra la administración están relacionadas con pensiones y prestaciones del Fondo de Pensiones y Secretaría de Educación, asimismo los contratos y las nulidades de actos administrativos de tipo tributario, como los de industria y comercio. En materia de reparación directa se tienen fallas en construcciones sin lleno de requisitos legales, en los procesos ejecutivos están el no pago de facturas en servicio de salud y al no pago de sentencias judiciales, y en materia contractual por el incumplimiento contractual.
Además, se han recibido 401 tutelas, de las que 175 se han fallado a favor del Distrito, hay pendientes 136, y 74 se han fallado en contra. Por concepto de conciliaciones se adeuda por parte del Distrito por las sentencias ejecutoriadas $38.691 millones, la mayoría están en mora desde 2011 ya que en el transcurso de todas las vigencias han quedado pendientes por pagar.
